Rodolfo Hernández

Socorro Oliveros, su esposa, financió el 66 % de la campaña a la Cámara por Santander. En el Comité Directivo hay familiares y empleados de sus empresas y al menos 20 militantes tienen relaciones personales o laborales con su familia. Hay quienes hablan de una “defraudación a ley electoral”.

Aunque el senador y excandidato presidencial es quien está acusado por posibles actos de corrupción por los que deberá responder ante la Corte Suprema, las pruebas y los testimonios de algunos testigos claves en el caso Vitalogic comprometen también al tercer hijo de Rodolfo Hernández, quien firmó un acuerdo autenticado para asegurarse una comisión que se ganaría si lograba que la Alcaldía de su papá adjudicara el millonario contrato de las basuras a sus clientes. Hasta ahora, Luis Carlos Hernández ha logrado zafarse de la justicia.

Sigue el cubrimiento de Cuestión Pública y el análisis de la jornada electoral en los principales departamentos y ciudades del país.

Cinco de las siete personas que aportaron a la campaña de Rodolfo Hernández a la Alcaldía de Bucaramanga en 2015, contrataron con su administración por más de $515 millones, en total. Uno de los aportantes fue Alejandro Galvis, entonces presidente corporativo de Vanguardia, cuya empresa matriz fue contratada. Otros dos aportantes fueron los esposos Alid Lindarte y Antonio Sanabria. La primera fue nombrada contadora de Bucaramanga por Hernández y participó en el ingreso de dineros presuntamente irregulares al presupuesto de la Alcaldía, y el segundo es hoy concejal de la ciudad por el movimiento político del candidato presidencial.

Cuestión Pública encontró que existe la posibilidad de que el candidato presidencial Rodolfo Hernández haya violado la Ley 1475, que regula la financiación de campañas políticas, al aportar más de $127 millones a su aspiración a la presidencia. La presunta violación a la norma se habría dado porque Hernández está imputado desde 2020 por interés indebido en la celebración de contratos, un delito contra la administración pública, y dicha Ley prohíbe que personas imputadas o acusadas por esos ilícitos aporten a campañas políticas. Socorro Oliveros, su esposa y gerente de campaña, también podría terminar vinculada a un proceso penal al haber permitido el ingreso de los recursos presuntamente ilegales de su marido.

Que se diga Rodolfo Hernandez es el candidato de Tik Tok, como lo tituló el Washington Post, no dista mucho de que sea el candidato que más hostilidad ha mostrado contra la prensa en los últimos días, como lo alertó la FLIP. Son movimientos de las misma coreografía.

Sigue el cubrimiento de Cuestión Pública y el análisis de la jornada electoral en los principales departamentos y ciudades del país.

A pocos días de la primera vuelta presidencial, Cuestión Pública le puso la lupa a los reportes que los candidatos presidenciales han presentado ante el Consejo Nacional Electoral (CNE). Encontramos gastos no reportados, presupuestos excedidos y movimientos no sustentados.

Socorro Oliveros -esposa del candidato presidencial- compró 2 propiedades entre 2016 y 2017 por un total cercano al millón de dólares ($3.765 millones a hoy) en la Florida, Estados Unidos, mientras Hernández era alcalde. La primera transacción se dio una semana después de que su hijo Luis Carlos y otros socios pactaran el cobro de una comisión si el consorcio Vitalogic obtenía el contrato de las basuras en Bucaramanga. En 2018, tras el escándalo de esa licitación, Oliveros y su hijo compraron otro inmueble en ese estado por 202.000 dólares ($763 millones actuales).

Por generaciones, familias políticas han controlado las regiones del país a través de poder y dinero. A su disposición se enfilan tropas conformadas por políticos, empresarios, contratistas y, en algunas ocasiones, paramilitares y narcotraficantes. Estas familias son propietarias de grandes extensiones de tierra, se han apropiado de negocios públicos y de la administración de los recursos de las ciudades, las regiones y la Nación. Sus alfiles llegan a todas las ramas del poder, incluyendo la justicia y los órganos de control. La disputa está en el manejo de la torta de los contratos —$105 billones—. ​​Conoce la maquinaria de cada Casa en el #JuegoDeVotos.