Aunque el artículo 27 no especifica si las fuentes de financiación prohibidas dentro de la campaña incluyen los recursos propios del candidato o solo los de terceros, Armando Novoa, exmagistrado del CNE, le dijo a Cuestión Pública que “sería un contrasentido que estuviera prohibida la financiación de particulares que están vinculados a un proceso penal, porque ya los imputaron, y que no estuviera prohibido frente a los mismos candidatos en situación similar, que recurren a sus propios recursos”.

Novoa aseguró que “tratar con mayor laxitud al candidato llevaría al absurdo de que este puede verse involucrado en unas conductas ilícitas, financiar su campaña y no incurrir dentro de la prohibición del artículo 27”.

Hernández está imputado desde el 7 de febrero de 2020, y el 16 de mayo de 2021 fue acusado formalmente por la Fiscalía.

Además de él, de llegar a ser cierta esta posible violación al régimen de financiación, Socorro Oliveros podría terminar involucrada en el presunto aporte irregular. La señora Oliveros, además de ser su esposa, es la gerente de su campaña. Consultada por Cuestión Pública, Zamira Gómez, asesora del Fondo Nacional de Financiación Política del CNE, aseguró que “el gerente es el responsable de todos los temas de financiación”.

Gómez resaltó que las sanciones aplicables en este caso están contempladas en el artículo 21 de la Ley 996 de 2005. Dichas sanciones pueden incluir multas entre el 1% y el 10% de los recursos desembolsados por parte del Estado a la campaña, la congelación de los giros respectivos, o que en caso de que resulte ganador en la contienda presidencial, el Congreso podría iniciar una investigación o juicio por indignidad política, que de manera improbable podría terminar en la pérdida del cargo de presidente para Rodolfo Hernández.

Los posibles ilícitos se extenderían a la jurisdicción penal. Dos abogados penalistas contactados por este medio señalaron en off the record que eventualmente la gerente de la campaña y el candidato podrían haber incurrido en el delito de financiación de campañas electorales con fuentes prohibidas, recogido en el artículo 396A del Código Penal. Este delito contempla que los responsables del mismo podrían llegar a ser condenados a una pena de cuatro a ocho años de prisión, inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo y una multa de 400 a 1.200 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

¿Qué podría ocurrir?

Zamira Gómez, asesora del Fondo Nacional de Financiación Política del CNE, le dijo a Cuestión Pública que una vez el candidato presente su informe de financiación de campaña, y el Fondo Nacional de Financiación Política inicie su proceso de revisión, la entidad reportará los hallazgos a la Sala Plena del CNE. Esta última decidirá si hay méritos para abrir un proceso.

Sobre la duración de un eventual proceso en contra de Hernández, Gómez señaló que los términos del proceso serían los de la ley; es decir, máximo tres años.

Cuestión Pública consultó a la campaña de Rodolfo Hernández sobre si tenían conocimiento de que los aportes hechos por él a su campaña podrían considerarse como prohibidos. Al momento de publicar esta nota no hemos obtenido respuesta sobre este punto en específico. Una vez nos sea allegada, será incluida en el texto.

¿Cuál es el proceso por el que se encuentra imputado Rodolfo Hernández? 

Se trata del caso Vitalogic. Es una investigación de la Fiscalía contra Hernández por presuntamente haber utilizado su poder como alcalde de Bucaramanga (2016-2019) para direccionar la celebración de un contrato de consultoría de $336 millones de pesos en el marco de la licitación del manejo de basuras de la ciudad.

Entre las conductas señaladas está un encuentro de abril de 2016, en el que el alcalde Rodolfo Hernández se reunió con cuatro personas en su apartamento en Bucaramanga para hablar sobre la licitación del manejo de basuras de la ciudad. Como lo contó Cuestión Pública con la publicación de la acusación de la Fiscalía y el pliego de cargos de la Procuraduría contra Hernández, dicho encuentro fue la antesala de lo que las entidades han considerado como el direccionamiento o favorecimiento del contrato de basuras a la unión temporal Vitalogic y la tecnología WastAway de Colombia.

De acuerdo con los documentos de ambas entidades, a esta reunión le siguió otra en junio de ese año. Fue allí cuando se cerró el trato: los representantes de WastAway volvieron a buscar a Hernández, y él dio el visto bueno al negocio. Luis Carlos Hernández, su hijo, suscribió un contrato ante notaría con los oferentes para obtener una comisión de 666.000 dólares americanos en caso de que el negocio fuera celebrado.

Menos de un mes después de la última reunión, el hoy candidato habría ‘dado su bendición’ al ingeniero químico Jorge Hernán Alarcón Ayala para diseñar el pliego de licitación. Este contrato de consultoría fue suscrito por la Empresa Municipal de Aseo de Bucaramanga (EMAB) y, de acuerdo con la Fiscalía, Hernández habría logrado ese favorecimiento al citar al entonces director de la entidad, que era su subalterno, e indicarle que debía contratar a Alarcón Ayala.

Por la supuesta bendición de Hernández al ingeniero es que la Fiscalía afirma que el hoy candidato incurrió en interés indebido en la celebración de contratos. Y ese contrato, sumado a la presunta reunión en que se pactó el direccionamiento, fue el hecho por el que lo imputó en 2020 y lo acusó en 2021. Por su parte, la Procuraduría continúa evaluando las pruebas para determinar si hubo o no faltas disciplinarias.

Rodolfo Hernández espera hoy el comienzo del juicio oral en su contra, programado para el 21 de julio de este año, cuando ya se sepa quién será el próximo presidente de la República.