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Al mejor estilo del expresidente de EE.UU., Donald Trump, el marketing de la senadora recurre al uso de mercenarios digitales y desinformación como herramientas políticas. Lo hace a través del “portal periodístico” APN Noticias y de la ONG Escuela Libertad, en la que difunden información engañosa de cara a las elecciones de 2026.

El ente investigador imputó, entre otros hechos, por los $4,000 millones para el pago de sobornos a los presidentes de la Cámara y el Senado, a cambio de aprobar las reformas del ejecutivo; estableció la ruta y presuntos responsables del funcionamiento de una “empresa criminal” para desviar recursos de la entidad, entre los que estarían el ministro de Hacienda y el director de la Función Pública.

Con 30 años en el Congreso, el que hasta hace poco fue el líder del partido Conservador se convirtió en todo un animal político. Sus aliados, exasesores y familiares ocupan posiciones en diversas entidades, de diferentes niveles y ramas del poder público, principalmente en los organismos de control. La fuerza política y de cuotas con la que llegaría le serviría de contrapeso o influencia con el Gobierno. Cuestión Pública encontró que las empresas en las que su familia ha participado, acumulan casi $4 mil millones en contratos con el Estado, sólo en los últimos cinco años.

Mientras Euclides Torres explicó ante el Congreso su presunta financiación en la campaña “Petro Presidente”, uno de los congresistas del clan jaló un proyecto de ley que está a punto de ser aprobado y beneficiaría a sus empresas en el sector de la movilidad.

El Consejo de Estado encontró que el presidente del Senado incurrió en doble militancia al no renunciar doce meses antes de la inscripción a las elecciones de 2022 y lanzarse de nuevo por una colectividad diferente. Cuestión Pública divulga la decisión.

El nuevo presidente de Colombia tendrá de su lado a una de las mayores bancadas en el Congreso: la del Pacto Histórico. Además, es probable que forje alianzas y acuerdos con otros partidos alternativos que se vieron fortalecidos en la última elección legislativa. El nuevo Congreso muestra un leve declive de los sectores políticos que apoyaron al Gobierno Duque, el poder que mantienen los partidos tradicionales y la inclusión lenta y deficiente de más mujeres en la arena legislativa.

Cuestión Pública ha investigado 61 congresistas, de todos los partidos, que se posesionan este 20 de julio. Escarbamos sus trayectorias, patrimonios y alianzas con los principales clanes políticos del país. Estos son sus perfiles.

Cuestión Pública cruzó la lista de los 2.835 aspirantes al Congreso (Cámara y Senado) con el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) y encontró 14 candidatos y candidatas que estarían presuntamente inhabilitados para ser elegidos, por haber contratado con el Estado dentro de los seis meses anteriores a la elección. Estos son sus nombres y sus contratos.

Las mujeres representan solo el 39.8% del total de candidatos inscritos a las elecciones del próximo 13 de marzo. Cuestión Pública Feminista le puso la lupa a la participación femenina en los comicios legislativos.

El actual presidente del Senado tuvo en sus manos el gestionar la aprobación del acuerdo ambiental internacional que daba dientes para el acceso a la información, participación ciudadana y protección de líderes ambientales en Colombia. En su lugar, Juan Diego Gómez por acción u omisión facilitó que se hundiera su trámite en el Congreso. Meses atrás su esposa había sido designada, por el presidente Duque, como notaria interina de Apartadó, Antioquia.