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La ley de cuotas en Colombia, que establece que al menos el 30 % de las listas a cargos de elección pública deben estar conformadas por uno de los géneros que en su mayoría terminan siendo mujeres, genera opiniones diversas entre candidatas y expertos. Aunque muchas reconocen que la norma ha permitido avances en la participación femenina, también coinciden en que su implementación sigue siendo limitada y, en algunos casos, meramente formal.

La participación femenina en la política, especialmente en escenarios como el Senado, se ve constantemente obstaculizada por diversas formas de violencia y una persistente doble exigencia. A pesar de los avances legislativos, como la Ley Estatutaria 2453 de 2025, que busca prevenir y sancionar la violencia política contra las mujeres (VCMP), la realidad en el terreno sigue siendo desafiante.

Otra barrera evidente es la baja participación de mujeres en los debates públicos debido a la falta de invitaciones a estos espacios, cruciales para la visibilización de las candidaturas. Se ha observado que, incluso en debates centrados en las cabezas de listas al Senado, pese a haber varias mujeres liderando, su presencia es mínima.

Cuestión Pública Feminista consultó a siete candidatas de diferentes partidos y la mayoría coincidió en que una de las dificultades más significativas a la hora de hacer política es la doble carga relacionada con el cuidado del hogar.

Esta barrera se agrava al observar cómo se distribuyen los recursos en la política. Cuestión Pública rastreó cuáles han sido los conglomerados empresariales que más dinero han aportado a las campañas al Senado desde 2010 y descubrimos que las grandes empresas financian principalmente a los hombres.

La brecha para ser elegidas sigue llena de obstáculos: menor acceso a financiación, violencia política y una carga desigual de cuidados que condiciona su participación. Hoy representan casi el 40 % de las candidaturas y solo ocupan 34 de las 108 curules de la cámara alta del Congreso.

Vuelve y juega, Cuestión Pública alerta sobre 41 candidatos que firmaron o gestionaron contratos con entidades públicas en los seis meses antes de las elecciones del 8 de marzo y, podrían estar inhabilitados para ser parte del proceso electoral.

Este proyecto periodístico propone asomarse a ese “otro lado” de la política —una especie de mundo paralelo donde se cruzan financiación, poder regional, narrativas digitales, violencia de género, injerencias externas y promesas que no resisten verificación—

Hacemos pública la resolución de acusación de la Corte Suprema de Justicia contra los expresidentes del Senado y la Cámara por su participación en el caso de la UNGRD.

La Corte Constitucional declaró ajustada a la Constitución la Ley 2385, que prohíbe las corridas de toros, el rejoneo, las novilladas, becerradas, corralejas y peleas de gallos. Este fallo fue en respuesta a una demanda presentada por el representante Christian Garcés en julio de 2024.