Cuestión Poder

A cuatro años del asesinato del periodista Abelardo Liz, indígena del pueblo Nasa, no hay judicializados. Liz falleció producto de un disparo mientras cubría un desalojo de la fuerza pública contra comunidades que ocupaban un predio del ingenio azucarero Incauca.

De acuerdo con la sentencia judicial, civiles y paramilitares se aliaron para forzar a los campesinos a vender sus tierras. Por estos hechos, cinco personas fueron condenadas, entre ellos dos exdirectivos de esa entidad.

Se trata de Jacinto Alberto Soto Toro, conocido en los expedientes judiciales como el cerebro financiero del paramilitarismo en Antioquia y mano derecha de los Castaño.

Expresidente Uribe, le recuerdo que la justicia no ha encontrado pruebas de un montaje en su contra por parte del testigo Juan Guillermo Monsalve.

El funcionario informó a este medio de un subregistro en las cifras del reclutamiento forzado de menores en ese municipio, por parte de grupos armados.

Resulta, expresidente, que la coma después de la palabra persecuciones no era necesaria. ¿Quiere que le revise los textos antes de publicarlos? Esta correctora no cobrará más de la tarifa establecida. Pero lo más importante para este ejercicio será preguntarle: ¿Cómo sabe que las persecuciones nunca fueron probadas?

Expresidente, ¿en qué pensaba cuando reveló el lugar de asilo de la señora Deyanira Gómez? Usted no debería poner en peligro a una víctima reconocida en el juicio que se lleva en su contra.

Investigación de Cuestión Pública destapa la malla de contratos públicos por $83 mil millones de pesos vinculada a ‘El Doctor’, presunto lavador de dinero del Clan del Golfo, excolaborador en el Congreso en la vicepresidencia de Óscar Villamizar y exrepresentante de una asociación de tierras apoyada por la senadora María Fernanda Cabal.

Este es un seguimiento periodístico datero realizado por Cuestión Pública a las visitas del expresidente Álvaro Uribe a varias universidades, desde que se conoció en 2018 que la Corte Suprema de Justicia comenzó a investigarlo por soborno en actuación penal y fraude procesal.

Regresamos, porque nos encanta, haciendo un curioso ejercicio de verificación sobre uno de los pronunciamientos del expresidente hoy imputado y en juicio, acerca de los aportes del Comité de Solidaridad con los Presos Políticos (CSPP) a la familia de Juan G. Monsalve.