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Un vuelo oficial partió de Florencia, Caquetá, a Bogotá en vísperas de navidad pandémica. Viajaban la esposa del general de la Policía Julio César González Bedoya, su hija, un acompañante y dos perros. Una de las mascotas se vomitó. Bajaron a dos policías porque “no cabían”. Bienvenidos a González Airlines, en donde usted exige su asiento y acomoda a su perro en una silla si es cercano a mi general. Tome asiento y disfrute el viaje.

Cuestión Pública revela tres facturas del contrato celebrado entre Odebrecht y Marketmedios, firma publicitaria de la familia de Roberto Prieto, gerente de campaña de Juan Manuel Santos. La primera se dio en vísperas de las elecciones presidenciales de 2010. El negocio activó las alarmas de la revisora fiscal de la constructora brasileña.

En 2019, Susa era un pueblo inmerso en la desidia y la apatía, pues se acercaban las elecciones municipales y los candidatos a la Alcaldía hacían parte de lo que se consideraba para entonces la política tradicional, una cuestión que tenía inconformes a los susenses. Nadie esperaba que esto cambiaría con la llegada de una voz joven, nueva y femenina: la de Ximena Ballesteros, quien llegaba respaldada por su esposo, Gustavo Rodríguez, oriundo del Ecuador.

Cuestión Pública revisó al menos cinco contratos y un convenio que suscribieron la Alcaldía de Soledad y Malambo durante la pandemia. En total se invirtieron $14.045 millones en estos procesos cuya ejecución se desconoce o ha sido irregular. El dinero terminó en manos de fundaciones que estarían conectadas con el exsenador Eduardo Pulgar y sus aliados.

En solo 16 días la Alcaldía de Soledad entregó 10 contratos directos que suman $6.697 millones para arrendar o prestar el servicio educativo en algunos colegios durante la pandemia. Detrás estarían aliados del alcalde Rodolfo Ucrós y su cuñado, el senador Eduardo Pulgar.

Horas antes de dejar la Procuraduría, la entidad dirigida por Carrillo absolvió a Alberto Mariño, del Grupo Aval, pese a la evidencia que lo involucra. Carrillo ha tenido vínculos con la mayor accionista de Aval y el excontratista de Odebrecht, Carlos Alberto Plata, con quien su hermano Rafael Carrillo dirigió 6 empresas en Panamá e Islas Vírgenes.

Motorizados y panfletos los amenazan con “balín y candela” si no se van. La empresa mencionada en el caso dice que La Guajira es un “lugar que estuvo rezagado del sector funerario debido a las tradiciones (...) y rituales (...) wayúu”.

La negligencia de funcionarios públicos y los intereses empresariales, tienen en riesgo los derechos fundamentales al territorio colectivo de la comunidad wayúu La Cachaca II y las comunidades indígenas aledañas, ubicadas en la zona rural de Riohacha, Guajira.

Esta investigación detectó actividades sospechosas de pesca ilegal en áreas marinas protegidas. Rastreó los antecedentes de esos barcos y sus compañías, y descubrió que varios de ellos tienen prontuarios de pesca ilegal. Las áreas protegidas no cuentan con suficiente vigilancia ni presupuesto para evitar este delito. En algunos casos, ni siquiera se han creado los planes de administración que definan una estrategia de monitoreo. Es en este contexto que también las flotas chinas, en las que navegan barcos con antecedentes de pesca ilegal, cruzan santuarios marinos durante sus travesías.

Cuestión Pública y Mongabay Latam rastrearon los barcos que pescan en el área protegida de Yuruparí, al lado de Malpelo en el Pacífico. La ausencia de protección estatal es aprovechada por la flota de Seatech -de la marca de atún Van Camps- y barcos panameños, que aparentemente pescan allí a pesar de sus antecedentes de pesca ilegal. Familia Gerlein también está salpicada.