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La Corte Suprema de Justicia abrió una investigación en contra del conservador David Barguil, por la presunta injerencia en la adjudicación de contratos en Sucre, semanas después de su campaña al Senado en 2018. Cuestión Pública ya había investigado al exsenador y encontró que familiares suyos recibieron contratos del Estado luego de que aportaran a su campaña política en 2010 y de qué él ocupara una curul en el Congreso.

Seis predios del exprecandidato presidencial Luis Pérez y de sus familiares viven un proceso de extinción de dominio. La Fiscalía dice que estarían vinculados a la familia del paramilitar desaparecido Vicente Castaño, aunque Luis Pérez pidió una rectificación porque dice que no es cierto. Cuestión Pública encontró que el nombre de Castaño no aparece en los documentos, pero los bienes sí comparten una historia de propietarios cuestionados. Incluso uno de los inmuebles estuvo involucrado en un proceso de la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes.

Cuestión Pública investigó a los 18 representantes a la Cámara que conforman la Comisión de Acusaciones, encargada de ser la entidad acusadora en procesos contra altos funcionarios como el presidente y el fiscal general. Encontramos que catorce de ellos (87.5%) obtuvieron contribuciones o tienen cercanía a familias políticas, funcionarios investigados y grupos empresariales que tienen intereses en eventuales procesos que adelantan los altos cargos que podrían acusar.

El pasado 8 de agosto de 2022, a un día de su posesión, el gobierno de Gustavo Petro presentó una nueva reforma tributaria, con la que espera recaudar $25,9 billones. Aunque en redes sociales se hizo viral que la reforma era muy parecida a la presentada un año atrás por el gobierno Duque, la cual desencadenó en protestas durante varios meses y eventualmente la renuncia del ministro Alberto Carrasquilla, Cuestión Pública analizó ambos documentos y encontró que existen puntos en común pero son más las diferencias.

En su primer discurso como presidente de la República, Gustavo Petro dio a conocer la ruta de su gobierno y se dirigió no solo al pueblo colombiano sino a la región y al mundo. El nuevo presidente aprovechó para anunciar tres futuras políticas: uno, que los bienes extintos administrados por la Sociedad de Activos Especiales pasarán a manos de organizaciones históricamente excluidas; dos, que los cuerpos de inteligencia del Estado combatirán la corrupción, y tres, que propondrá al Fondo Monetario Internacional el cambio de deuda externa por gasto interno para salvar los ecosistemas.

Ahora que recién termina el gobierno Duque, señalado de cooptar las ías, Cuestión Pública y La Liga Contra el Silencio hallaron que la Procuraduría ha firmado convenios con la Organización de Estados Iberoamericanos (OEI) que han servido para realizar contratos con la exviceprocuradora de Alejandro Ordóñez, a un exmagistrado del Consejo de Estado y a la empresa Du Brands.

El nuevo presidente de Colombia tendrá de su lado a una de las mayores bancadas en el Congreso: la del Pacto Histórico. Además, es probable que forje alianzas y acuerdos con otros partidos alternativos que se vieron fortalecidos en la última elección legislativa. El nuevo Congreso muestra un leve declive de los sectores políticos que apoyaron al Gobierno Duque, el poder que mantienen los partidos tradicionales y la inclusión lenta y deficiente de más mujeres en la arena legislativa.

Cuestión Pública ha investigado 61 congresistas, de todos los partidos, que se posesionan este 20 de julio. Escarbamos sus trayectorias, patrimonios y alianzas con los principales clanes políticos del país. Estos son sus perfiles.

Cinco de las siete personas que aportaron a la campaña de Rodolfo Hernández a la Alcaldía de Bucaramanga en 2015, contrataron con su administración por más de $515 millones, en total. Uno de los aportantes fue Alejandro Galvis, entonces presidente corporativo de Vanguardia, cuya empresa matriz fue contratada. Otros dos aportantes fueron los esposos Alid Lindarte y Antonio Sanabria. La primera fue nombrada contadora de Bucaramanga por Hernández y participó en el ingreso de dineros presuntamente irregulares al presupuesto de la Alcaldía, y el segundo es hoy concejal de la ciudad por el movimiento político del candidato presidencial.

Cuestión Pública encontró que existe la posibilidad de que el candidato presidencial Rodolfo Hernández haya violado la Ley 1475, que regula la financiación de campañas políticas, al aportar más de $127 millones a su aspiración a la presidencia. La presunta violación a la norma se habría dado porque Hernández está imputado desde 2020 por interés indebido en la celebración de contratos, un delito contra la administración pública, y dicha Ley prohíbe que personas imputadas o acusadas por esos ilícitos aporten a campañas políticas. Socorro Oliveros, su esposa y gerente de campaña, también podría terminar vinculada a un proceso penal al haber permitido el ingreso de los recursos presuntamente ilegales de su marido.