Si con Name llueve, con Lozano no escampa

No fueron uno, ni dos, ni diez. El hermano de la ungida por el Partido Verde para ser la próxima presidenta del Congreso, ha recibido 8 mil millones de pesos* en contratos públicos, mientras ha sido congresista. Otra empresa de sus aportantes contrató con la Alcaldía de Claudia López.

(20/07/2023)

La alcaldesa todavía llevaba puesto un tapabocas con filtro N-95, rezago de la pandemia por Covid-19, a su lado estaba el alcalde local de Tunjuelito y de fondo la recién inaugurada nueva sede de la Alcaldía Local, en el barrio San Carlos, al sur de la ciudad. Además de las sonrisas, lo que no se alcanzaba a ver en la foto era el mobiliario dentro del edificio. Las 180 sillas tipo presidencial, las mesas para juntas, los comedores, las papeleras de los baños y los archivadores. Todos fueron vendidos e instalados por Industrias Cruz Hermanos S.A., cuyo accionista mayoritario le aportó dinero en 2014 a la campaña de Angélica Lozano, candidata del partido Verde a la presidencia del Senado y esposa de la hoy alcaldesa.

Claudia López, alcaldesa de Bogotá, junto a Joseph Plaza Pinilla, alcalde local de Tunjuelito.

En 2020 se pulía la apertura de la nueva sede y para la compra e instalación de los muebles la alcaldía Local de Tunjuelito, adscrita a la Secretaría de Gobierno de la Alcaldía Mayor de Bogotá, suscribió un contrato por $1.505 millones con Industrias Cruz Hermanos. Dorian de Jesús Coquies Maestre, militante del partido Verde, candidato al concejo de la capital para el periodo 2020-2023 y cercano a Claudia López, fungía en ese entonces como alcalde encargado de Tunjuelito y fue quien firmó el contrato millonario que benefició a la compañía.

Hermanos Cruz fue constituida en 1977 por Ernesto y Darío Cruz Herrera. Desde entonces se dedicó a la fabricación y venta de muebles y accesorios de hogar. Con el paso de los años entraron nuevos accionistas, uno de ellos fue Ernesto Cruz Sánchez, quien en 2014 financió la campaña a la Cámara de Angélica Lozano. Cruz Sánchez es el socio mayoritario de la empresa, de acuerdo con los registros de la Cámara de Comercio de Bogotá (registro de 2021). 

La compañía también ha contado con la participación de, al menos, cinco familiares de la senadora, entre ellos sus tíos y primos quienes se desempeñaron como socios y miembros de la junta directiva de Industrias Cruz Hermanos. En 2014 fueron quienes encabezaron la lista de aportantes de campaña.

De la mano, la popularidad de la congresista creció con la bandera de la transparencia. Hasta lograr su cima con la fallida consulta anticorrupción, en la que votaron 11 millones de colombianos y colombianas por acabar el clientelismo y quitarle poder a las casas políticas arraigadas en el Congreso, entre otras reformas. 

Si bien la empresa ya era contratista del Estado, desde que Lozano llegó ese año a la Cámara de Representantes hasta la fecha, ha recibido 19 mil millones en 114 contratos con entidades públicas. Al menos 52 de esos con alcaldías, la Fiscalía, el Consejo Superior de la Judicatura, el Ministerio de Salud y el de Educación.

Que gane el mejor

En la licitación para el mobiliario de la nueva sede de la Alcaldía Local de Tunjuelito hubo en total 12 proponentes. Junto a Industrias Cruz Hermanos, también compitió, codo a codo, el Consorcio Inverkyros Mobiliario, controlado en un 50% por Óscar Julián Lozano Correa, hermano de la senadora. Solo uno podía ganar y en este caso Inverkyros fue uno de los perdedores. 

Como reveló Cuestión Pública en 2018, Lozano Correa es el representante legal de Kyros Muebles & Diseño Ltda (hoy Kyros LE SAS), matriculada en 2005 en Bogotá, y dedicada a fabricar y comercializar muebles, entre otros. Su hermano, a la vez, fue aportante para la campaña de 2014.

Los fundadores de Kyros fueron, por un lado, Ernesto Cruz Sánchez, accionista de Industrias Cruz Hermanos —su competencia en la licitación— y aportante de campaña de Angélica Lozano en 2014, y por el otro, Rosa Stella Correa Guzmán, tía de la senadora y también aportante de campaña de Lozano y de su pareja, la alcaldesa de Bogotá Claudia López.

Las conexiones entre ambas empresas no acaban ahí. José del Carmen Correa, otro tío y aportante de campaña de la senadora, fue representante legal suplente de Industrias Cruz Hermanos y miembro de su junta directiva, desde 2009 hasta 2011.

Esta no fue la única vez que usaron este mecanismo competitivo, tipo jugadita, para tener más de una oportunidad de quedarse con un contrato. En junio de 2019, Kyros e Industrias Cruz Hermanos también compitieron a través de consorcios, una contra la otra, dentro de una subasta inversa. Se trató de la compra del mobiliario de los distintos organismos del municipio de Cali, por $1.797 millones. En este caso, el ganador fue el Consorcio Inverkyros Herpol, conformado por la empresa de Óscar Lozano Correa e Inversiones Archivos y Servicios SAS.

Sin impedimento para contratar

Un mes antes de votarse la consulta anticorrupción, el 25 de julio de 2018**, su hermano firmó un contrato por $295 millones con la Gobernación del Valle del Cauca. Al fin de cuentas, se trata de uno de 52 contratos otorgados a la empresa del hermano de la senadora Lozano y a los consorcios en los que ha participado, desde que ella es congresista. Y que han sido rastreados por Cuestión Pública hasta ahora. Todos estos suman $8.806 millones y empezaron a ser adjudicados un año después de que ella tomara posesión de su curul. 

El caso de la senadora Lozano podría presentar un riesgo de tráfico de influencias, pero son las entidades de justicia las encargadas de investigar estas presuntas conductas en los y las congresistas. El delito de tráfico de influencias en el Código Penal establece que “el servidor público que utilice indebidamente, en provecho propio o de un tercero, influencias derivadas del ejercicio del cargo o de la función, con el fin de obtener cualquier beneficio de parte de servidor público en asunto que éste se encuentre conociendo o haya de conocer incurrirá en prisión”.

En su declaración juramentada de bienes y rentas de 2021, Angélica Lozano reportó el negocio de Óscar Lozano dentro de la lista de potenciales conflictos de interés así: “Mi hermano es representante legal de una empresa comercializadora de muebles”. Lo que la senadora no mencionó es que la empresa es contratista pública y que ya no sólo vende muebles, ahora también comercializa comidas y bebidas.

Mientras Lozano estuvo en la Cámara de Representantes de Bogotá, entre 2014 y 2018, Kyros suscribió 22 contratos por $1.714 millones. El contrato de mayor valor fue firmado con el Instituto de Desarrollo Urbano (IDU) de la capital. Otro, con el Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec), para suministrar alimentos y bebidas lácteas para ser vendido en el almacén de expendio del complejo carcelario de Bogotá. Consultada por Cuestión Pública en el 2018, Lozano dijo no tener ninguna injerencia en el IDU ni con ninguna entidad, ni siquiera nacional.

Con la llegada de la ungida Lozano al Senado, el monto de los contratos se multiplicó. Entre 2018 y 2022, Kyros firmó 30 contratos por $7.092 millones, más de cuatro veces el monto de los negocios públicos firmados en el anterior cuatrienio.

El chorro de contratos parece haberse cerrado en el nuevo periodo constitucional. Desde julio de 2022 a la fecha, este medio no halló ningún contrato firmado por entidades públicas con Kyros.

Sobre la contratación de su hermano, Angélica Lozano le dijo a Cuestión Pública, en 2018: “No hay ninguna ilegalidad. Él es una persona que vende muebles desde que estaba en la universidad. El grueso de él es el sector privado, que yo sepa, y participa en licitaciones, en convocatorias”.

Este medio buscó a la senadora para conocer su opinión sobre estos hallazgos, pero no nos atendió.

*Fe de erratas: Cuestión Pública identificó inconsistencias en la información alojada en el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) en los valores de los contratos adjudicados a la empresa Kyros LE. En algunos casos el sistema sumó dos veces el monto a causa de modificaciones en el acta de adjudicación por parte de la entidad. Procedimos a realizar los ajustes correspondientes el sábado 22 de julio a las 7:45 p.m. Con lo cual, este ajuste modificó el monto total de contratos de la empresa y los consorcios en los que ha participado el hermano de la congresista. El ajuste pasó de $11 mil millones a $8.806 millones. Los valores de los contratos correspondientes a cada cuatrienio del Congreso también se ajustaron.

**Fe de erratas: Se procedió a ajustar la fecha con la información del contrato y no la reportada por el Sistema Electrónico de Contratación Pública, Secop. El contrato se suscribió el 25 de julio de 2018 y no el 25 de agosto de ese año, como se decía inicialmente.