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Un brigadista y estudiante universitario fue señalado por la Fiscalía General de la Nación de liderar un grupo criminal que el 27 de mayo, durante el Paro Nacional, retuvo a ocho integrantes de la Policía en el punto de bloqueo del sector ‘La Y’ en Palmira, Valle.

Harold Ordóñez Botero, ingeniero ambiental, estudiante de maestría y firmante del acuerdo de paz fue acusado de ser uno de los comandantes de las disidencias de las Farc que opera en el Valle del Cauca, justo cuando empezó a ser una voz crítica dentro de su propio partido político; para la defensa, el caso de Ordóñez se trataría de un ‘falso positivo’ judicial.

En solo seis investigaciones se ha identificado a los policías que presuntamente habrían disparado contra las víctimas. En otros tres casos, la Fiscalía no avanza. Hay familiares y abogados que aseguran estar bajo amenaza y seguimientos.

El abogado Fernando Vargas Quemba, quien militó en el Movimiento de Restauración Nacional (Morena) al lado del exparamilitar alias Ernesto Báez, fue contratado por el gobierno Duque para formar a las tropas del Ejército en derechos humanos. La JEP indaga si Vargas Quemba es el abogado detrás del cambio de testimonio de miembros de la fuerza pública señalados de participar en ejecuciones extrajudiciales.

El proyecto urbanístico que está planeado sobre una isla del mismo nombre evidencia cómo en Barranquilla se entretejen nexos entre el mundo de la política, los negocios y la justicia. Todo empezó con la expedición del POT.

(2/11/2020) Todo arrancó pasadas las 9:20 de la noche, contaron los sobrevivientes. Según Sebastián Acosta, el joven que confesó a la Fiscalía haber sido uno...

Todo arrancó pasadas las 9:20 de la noche, contaron los sobrevivientes. Según Sebastián Acosta, el joven que confesó a la Fiscalía haber sido uno de los asesinos partícipes en la masacre de Samaniego, venían por la vía Túquerres y se perdieron al intentar llegar a una pequeña casa en la Vereda Santa Catalina. En el lugar había cerca de 30 personas jóvenes reunidas festejando un cumpleaños que había arrancado el miércoles y se había prolongado hasta el sábado 15 de agosto, día de la masacre.

Hoy se cumple un mes de la masacre ocurrida el 9 de septiembre en Bogotá y este medio se pregunta ¿en qué van las investigaciones por parte de la entidad encargada de investigar en materia penal a los policías que estuvieron involucrados esa noche? Aquí les contamos.

Hace 25 años el país se sacudía con el inicio de lo que se conoció como el Proceso 8000. Para quienes no recuerdan las cosas claramente, fue un “escándalo” (como se llama habitualmente a las situaciones en las que las élites políticas son descubiertas delinquiendo) en el que la institucionalidad fue abiertamente cuestionada por su relación con el narcotráfico. 

Entre la documentación capturada y desaparecida por la Fiscalía General durante un oscuro allanamiento a la oficina del cesado Fiscal General Ad Hoc, Leonardo Espinosa, figura el testimonio bajo juramento de una abogada del difunto interventor de Corfiacolombiana, Jorge Pizano, según el cual él no se suicidó, sino que fue asesinado, lo mismo que su hijo Alejandro, de 31 años