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Bajo la excusa de detectar noticias falsas en las protestas de 2021, el Ministerio de Defensa persiguió la desinformación en redes sociales como si fuera un delito, argumentando que fomentaba el terrorismo. A través del ciberpatrullaje, recopiló información que la Fiscalía usó para judicializar manifestantes. Estos datos, almacenados en las bases de la Policía, alimentarían un algoritmo para predecir delitos contrarios a la convivencia.

Documentos filtrados de la Fiscalía muestran que sus embarcaciones, las siglas de sus contenedores y los muelles de llegada de estas compañías en Europa son mencionados por criminales para hablar en clave sobre envíos y rutas de cocaína

En 2019, el gobierno colombiano de Iván Duque lanzó la operación Artemisa. Buscaba detener la deforestación, pero apenas cubrió el equivalente al 3 % del área deforestada del país de 2019 a 2021, según cálculos de Mongabay Latam y Cuestión Pública. Pese a que Artemisa costó más de 3400 millones de pesos (700 000 dólares) a Colombia, la deforestación no paró de crecer: de 158 894 hectáreas deforestadas en Colombia en 2019, se pasó a 174 103 en 2021. Duque también prometió recuperar la selva en los lugares de la operación, pero hasta el momento no hay tareas de restauración del bosque en esos sitios, según le confirmó Parques Nacionales a esta alianza.

El fiscal Gabriel Jaimes Durán anunció este miércoles 27 de abril, finalizada la audiencia, que esa entidad no apelará la decisión que tomó la juez 28 de conocimiento.

Entre 2009 y 2018, las compañías alemanas SIG Sauer, Rheinmetall Denel Munition y Carl Walther, celebraron nueve millonarios contratos con la Policía Nacional e Indumil para venderles armas, repuestos y municiones. Esto pese a que las leyes alemanas prohíben exportar armamento a países en conflicto como Colombia. Cuestión Pública verificó que dos víctimas asesinadas durante el paro nacional fueron impactadas con pistolas SIG Sauer: Marcelo Agredo de 17 y Santiago Murillo de 19 años.

El pasado 7 de abril, el Tribunal Administrativo de Cundinamarca falló en primera instancia una demanda contra la Presidencia de la República y Diego Molano. La decisión está inmersa en el expediente No. 2500023410002021-00589-00, que puedes leer y descargar aquí.

El abogado Fernando Vargas Quemba, quien militó en el Movimiento de Restauración Nacional (Morena) al lado del exparamilitar alias Ernesto Báez, fue contratado por el gobierno Duque para formar a las tropas del Ejército en derechos humanos. La JEP indaga si Vargas Quemba es el abogado detrás del cambio de testimonio de miembros de la fuerza pública señalados de participar en ejecuciones extrajudiciales.