¿Quién cuida a las que cuidan? 5 casos de abuso laboral en la Secretaría de la Mujer de Bogotá

(03/11/2022)

En MANIFIESTA conocimos al menos 10 casos de trabajadoras que denunciaron haber vivido diferentes violencias y abusos laborales en la Secretaría de la Mujer de Bogotá, la entidad que tiene como objetivo cuidar de las mujeres en la ciudad. Cinco de ellas, que nos contaron sus experiencias con detalles, denuncian la contradicción. 

“Hola, soy Lorena López, abogada y excontratista de la Secretaría de la Mujer. Trabajé de enero a mayo en la estrategia de la agencia MUJ y hoy vengo a contarles las razones por las que dejé de ser contratista y lo que me motivó a renunciar”. Así inicia el video donde una extrabajadora de esta entidad denunció en agosto el acoso y las violencias laborales que vivió durante cinco meses en el interior de esa entidad distrital, la cual articula la Línea 123 con la Línea Púrpura para atender casos que son ingresados como emergencia. 

Lo que Lorena denuncia no son hechos aislados. En MANIFIESTA conocimos al menos 10 casos de mujeres contratistas y excontratistas, que señalan haber vivido acoso y varias violencias laborales en el interior de las diferentes direcciones y estrategias de la Secretaría de la Mujer. La escasez de recurso humano, las jornadas extendidas e intensas, el poco descanso que obtenían versus el que les prometieron, los cambios constantes de los horarios laborales, la carga de su salud mental sin ningún tipo de asistencia y la falta de implementos básicos para su bienestar durante sus turnos son algunas de las situaciones puntuales que según las denuncias ocurrieron durante su tiempo de trabajo.

En el caso de Lorena, afirma que no respetaron el luto por la muerte de su abuela, pues cuando falleció irrespetaron el tránsito de su duelo. También denuncia problemas con el horario de trabajo, pues no eran los de alguien vinculado como contratista, sino que parecían los de una persona que podía tener un contrato laboral, pero bajo la figura de prestación de servicios. Una vez, cuenta, le llegaron a programar más de 48 horas de trabajo. Por estas situaciones, explica Lorena, entró en una crisis de salud física y mental, de la cual dudaron dentro de la entidad. 

“La presión que ejercían sobre mí y mis compañeras no era justa en un ambiente laboral, en un ambiente de cuidado que se supone debería existir en la Secretaría de la Mujer”, dice Lorena, quien, además, cuenta que su principal motivación para entrar en la entidad fue porque su trabajo iba a ser “velar y cuidar por las mujeres que sufrían cualquier tipo de violencia en Bogotá”. Sin embargo, señala que con lo que se encontró “fue con un organismo que violenta laboralmente a las mujeres que trabajan allí”.  

La abogada expresa estar convencida de que sus compañeras están siendo violentadas psicológica y económicamente. Por eso las invita a hablar y no quedarse calladas. “Si vamos a hablar de sororidad y cuidado, empecémonos a cuidarnos nosotras mismas y cómo acabar estos vicios sistemáticos de les contratistas y más en entidades que deberían proteger a las mujeres que estamos aquí”.

El caso de Lorena dejó en evidencia una dinámica preocupante que luego identificamos como algo transversal en otras denuncias que conocimos: el presunto cuestionamiento repetitivo y hostigante de su trabajo y sus capacidades; así como la desatención de su salud mental y la ausencia de contención psicológica, sobre todo para un trabajo que a diario está viendo las formas más crudas de la violencia contra las mujeres en Bogotá. 

Cinco mujeres más que también denuncian violencias laborales en el interior de esta entidad nos contaron sus experiencias, las cuales podrían dejar claro que existe una sistematicidad en estos abusos, desde todo punto de vista contradictorios y alarmantes dentro de una entidad que se basa en el cuidado de las mujeres.

Dentro de la Línea Púrpura

La Secretaría Distrital de la Mujer nació en 2013, mediante el Decreto Distrital 001, con el objetivo de “Liderar, dirigir, coordinar, articular y ejecutar las etapas de diseño, formulación, implementación, seguimiento y evaluación de políticas públicas para las mujeres”. Aparte del despacho de la Secretaría, esta se conforma de tres subsecretarías: la del Cuidado y Políticas de Igualdad, la de Fortalecimiento de Capacidades y Oportunidades, y la de Gestión Administrativa. Cada una contiene varias estrategias, que van desde la Dirección del Sistema Distrital de Cuidado hasta la Dirección de Eliminación de Violencias contra las Mujeres y Acceso a la Justicia.

Es en esta última donde se ubican estrategias como la Línea Púrpura, que no es un servicio de emergencias ni denuncia, pero que asiste a mujeres mayores de edad víctimas de violencia intrafamiliar con el apoyo de un equipo de psicólogas, trabajadoras sociales, abogadas y enfermeras. La línea tomó mucha relevancia durante la cuarentena del coronavirus, debido a que el encierro hizo que muchas mujeres quedaran atrapadas con su agresor en sus casas. Según balances de la propia Secretaría, durante 2020 la línea atendió más de 85.000 llamadas de mujeres víctimas de violencia y en riesgo de feminicidio en Bogotá. De enero a junio de este año, por ejemplo, la línea recibió 13.253 llamadas.

La situación de violencia intrafamiliar durante la pandemia incrementó el número de llamadas a la línea, como sucedió con otros sectores de la salud. Así lo afirma Luz Dary Pedraza Barreto, una trabajadora social que ha sido contratista del Estado por cerca de 14 años, incluyendo la Secretaría de la Mujer. Ahí participó del proceso de política pública, trabajó varios años en las Casas de Igualdad de Oportunidades y, por cerca de cinco años, en los inicios de la Línea Púrpura. Pero se retiró hace dos años por “actos de acoso laboral”.

Luz Dary dice que en el momento en que empezaron a trabajar desde la casa por la pandemia también iniciaron diferentes “formas de acoso laboral”. Entre ellas la no delimitación de los horarios, porque, señala, que al estar contratada bajo el modelo de prestación de servicios no tenía la obligación de cumplir con un horario, mucho menos uno extendido. Pero, la trabajadora social dice que les exigían estar disponibles desde muy tempranas horas del día hasta muy tarde.

La labor de esta excontratista en la Línea Púrpura era apoyar la supervisión del contrato de tercerización de esta con la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá E.S.P. – ETB, el cual inició en 2019. Antes de eso tenía un convenio con la Secretaría Distrital de Salud desde su creación. Pero desde noviembre de 2019 la línea opera en virtud de un acuerdo interadministrativo con ETB, según Luz Dary, porque “las condiciones operativas de la línea eran muy ‘artesanales’”. Las condiciones no eran muy buenas, cuenta ella, por ejemplo, no había sillas ergonómicas, ni condiciones adecuadas para una salud visual. 

Los detalles consignados en la respuesta a un derecho de petición presentado en 2020 por dos colegas nuestras, señala que las labores de la ETB desde esa fecha fueron “prestar el servicio para la operación integral y de manera ininterrumpida de la Línea Púrpura mediante herramientas tecnológicas y del talento humano requerido, de acuerdo con los lineamientos técnicos suministrados por la Secretaría”.

Este contrato hizo, entre otras cosas, que el número de personas contratadas para la Línea pasara de 14 en 2019, a 41 luego de abril de 2020 y durante el resto de ese año. Antes del contrato de tercerización, estas personas, contratistas por obra labor, de acuerdo a la información suministrada en el derecho de petición, ganaban cerca de 4 millones y medio de pesos y, según la secretaría, trabajaban seis horas al día. El aumento de personal podría haber respondido no solo a la emergencia por la pandemia, sino al ambicioso objetivo de la secretaría de prestar un servicio de atención en la línea de 24 horas. Sin embargo, este plan de expansión arrancó en 2017, cuando pasaron de 12 horas de atención a 24, aún sin contar con el grupo necesario. “Éramos cinco, imagínate, entonces en la noche nos tocaba organizarnos y una sola compañera se quedaba todas las noches”, recuerda Luz Dary.

En respuesta a ese y otros temas cuestionados, la secretaria de la mujer, Diana Rodríguez Franco, afirma que el servicio de 24 horas ha sido una apuesta de la administración y de ella misma; y a los  propios cuestionamientos para ver si los servicios estaban a las horas y en los lugares que las mujeres necesitaban. “Nos dimos cuenta que había una necesidad real de llegar a distintos sitios y, sobre todo, de tener más servicios las 24 horas”. Ahora, cuenta ella, están con un servicio continuo en 11 hospitales, pero hace la distinción entre “un servicio de 24 horas y turnos de 24 horas” y señala que “los turnos extendidos no existen en el interior de la entidad”.

Luz Dary piensa diferente. “Yo siento que en esta dirección (Eliminación de Violencias contra las Mujeres) sí pasaba mucho las dinámicas de trabajo excesivas”. Ella se pregunta ahora cómo duró cinco años trabajando allí “como si fuera mi empresa” y desde un discurso que la hacía sentir que si estaba comprometida con los derechos de las mujeres, debía contestar mensajes de su jefe a las 10 de la noche o más tarde. “Siento que ha sido una práctica muy constante en la dirección, la cual está a cargo de la directora Alexandra Quintero Benavides, quien entró en 2020”, cuenta Luz Dary. “Ya con Alexandra fue sábados y domingos, el límite se perdió”, agrega.

Las cargas excesivas, sumado a condiciones que Luz Dary denomina como precarias, y, sobre todo, la contratación de personas que ella no consideraba idóneas para la línea (durante el crecimiento de personal con ETB) le generó preocupaciones, las cuales dejó de expresar porque estaba provocando molestias en las cabezas de la estrategia. “Ya llegó un momento donde me dijeron como pues ya no te metas en eso”.

Pero la mayor denuncia de violencia laboral durante su trabajo en esa dirección, según Luz Dary, fue “el tema de la descalificación”, cómo llama a un cuestionamiento constante de su trabajo, bajo la dirección de Alexandra. “Siempre eran en correos las descalificaciones”, pero nunca se le hacían directamente. Debido a esto pidió un espacio para recibir retroalimentación, en donde expresó que “era la primera vez que se sentía descalificada, que con ella me había sentido maltratada en términos psicológicos”. Le dijo “incluso me has hecho sentir bruta con tus comentarios”. Luz Dary cuenta que Alexandra le respondió, entre otras cosas, que al conocer a Luz Dary profesionalmente dudó de su conocimiento y que no tenía claridad. Algo que contrastaba con la trayectoria de ella como contratista.

Luego de avisarle que no iba a seguir en esa dirección para el año siguiente y que su cargo iba a ser menor en la entidad, el contrato de Luz Dary finalizó el 31 de diciembre de 2020. No se lo renovaron, ni ella buscó hacerlo. La contratista afirma que salió muy herida, con una carga mental y física producto de varios años de estar en un trabajo poco cuidadoso. “La Secretaría se quiere visibilizar a costa de la salud física y mental de las compañeras que están ahí”, afirma.

Luego de mucha insistencia para que fuese aceptado y se abriera una investigación por posibles faltas disciplinarias, su caso ya avanza. El pasado 28 de febrero, el juzgado 25 administrativo aceptó su demanda contra el Distrito, la Secretaría de la Mujer, la de Integración Social y el Instituto de la Participación y Acción Comunal. Con esta demanda, Luz Dary busca la nulidad y restablecimiento de sus derechos, que incluyen “Las prestaciones sociales de un trabajador subordinado de similar experiencia y perfil laboral, especialmente de los últimos tres años, y de toda la relación laboral respecto de las cotizaciones a pensión”, afirma su abogado. En resumen, Luz Dary busca que le reconozcan sus prestaciones laborales por haber hecho parte de un contrato de realidad, o sea un contrato laboral disfrazado de prestación de servicios.

Lo que denuncia Luz Dary se repite en los demás casos de las mujeres con las que hablamos, mayoritariamente de esta misma dirección. En todos se denunciaron cuestionamientos al trabajo de las contratistas, la extensión horaria que excede lo pactado en el contrato, la vivencia de un contrato de realidad, la ausencia absoluta de asistencia psicosocial en el interior de los equipos y, en general, un muy mal ambiente de trabajo para mujeres cuya labor es precisamente cuidar de otras mujeres.

Al preguntarle a la secretaria distrital de Bogotá, Diana Rodríguez Franco, sobre el avance en la Personería de esta denuncia, dijo no tener conocimiento y que, aunque conocen siete casos anónimos que denuncian acoso laboral en el interior de la Secretaría, a excepción del caso de Lorena, nunca ha habido una denuncia formal. “No tenemos ninguna denuncia con nombre ni con pruebas adjuntas”, respondió. La de Luz Dary parece ser la única.

Denuncias que se repiten

En otro caso, Stefany Martínez dice que le bastó un mes en la entidad para querer renunciar. Ella fue abogada de la Estrategia de Género de Hospitales, en la Estrategia Intersectorial de esa misma dirección durante abril de 2022. Su labor era brindar apoyo y hacer seguimiento a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. La contrataron por prestación de servicios, le exigían seis horas de trabajo al día y le prometieron que no debía trabajar todos los días pero sí algunos fines de semana, muchos de ellos de manera remota.

Su primera sorpresa es que le obligaron presencialidad de lunes a sábado para la inducción. Además, empezaron a exigirle marcar su horario de llegada y salida, algo que no se debería hacer por la naturaleza de su contrato. “Debes ingresar a un grupo de WhatsApp y cada vez que llegues marcas tu horario de llegada y cada vez que te vas marcando la salida para que la coordinadora te haga seguimiento”. Para un servicio que promete estar presente 24 horas, puede ser muy difícil no exigir el cumplimiento de un horario específico. ¿Por qué entonces ese modelo de contratación no se ajusta a las necesidades del servicio?

Ante esta pregunta, la secretaria responde que “Hay modalidades de contratación que tampoco se deben estigmatizar, es decir que existen para prestar ciertos servicios, en ciertos horarios, con ciertas urgencias y necesidades”. Para la entidad, explica Rodríguez Franco, no todo se resuelve con un contrato de planta. “Cuando se pueda maravilloso (un equipo de planta), pero también en los contratos de prestación de servicios se pueden pensar en las condiciones más benéficas, por eso pensamos en las seis horas y en el transporte (que se brinda a los turnos nocturnos por temas de seguridad según ella)”.

Sin embargo, Stefany cuenta que este servicio solo lo prestaban luego de media noche y recuerda que un fin de semana que tuvo trabajo nocturno, casi le roban su computador personal en el viaje de regreso a casa. “Yo fui todos los días y nunca jamás me brindaron transporte, es decir, me tocaba coger transporte por mis propios medios”, añade.

Con el paso de los días Stefany se encontró con compañeras de trabajo que a pesar de llevar menos de un año en la secretaría ya estaban muy desanimadas, lo que la hizo pensar que había tomado una mala decisión. “Cuando ingreso entro a un grupo de abogadas que llevaban aproximadamente ocho, nueve meses, trabajando en la entidad y mi inducción fue como esto es horrible, este trabajo es muy desgastante, yo me he enfermado, yo aquí la paso mal, esto no es como te lo pintan en verdad, esto es muy difícil”. Bastó, cuenta, la primera reunión laboral para notar el mal ambiente; todas peleaban porque la dirección de la estrategia quería mover las fechas de sus cuatro días de bienestar personal. Por otro lado, la programación de su horario empezó a cambiar y llegó a tener jornadas de hasta 12 horas los sábados y domingos. 

Otra de las grandes sorpresas de Stefany fue que le empezaron a exigir la atención de al menos 25 mujeres al mes para poder cobrar sus honorarios, cuando la idea de tener nuevos equipos era que los casos disminuyeran. “Yo me he quedado asombrada porque es requisito indispensable que por abogado mínimo atiendas 25 mujeres de casos directos para que te puedan pagar tu cuenta de cobro, porque si no, no te la pagan. (…) Tengo que ir a decirle a los hombres en la calle péguenle a las mujeres para que te paguen básicamente, no puedo creer esto”. 

Según otra abogada que trabaja allí desde finales de 2021, denunció de forma anónima, actualmente les siguen pidiendo una cuota de 20 atenciones. Ella firmó un contrato por prestación de servicios para trabajar seis horas durante cinco días de la semana en turnos rotativos y descansar dos días. “Pero no sabíamos que adicionalmente de cumplir con horarios laborales, teníamos que cumplir con una carga administrativa”. Se refiere a labores como estar pendiente de WhatsApp, papeleo, o asistir y participar a reuniones por fuera de sus horarios establecidos. “Digamos que era como una jornada y media”, afirma. También, asegura que de los cinco días laborales, dos eran de 12 horas, seis remotas y seis presenciales, algo que no contemplaba el contrato.

Adicional a esto, los turnos rotativos cambian cada semana en su equipo, algo que ha afectado su sueño y su salud. “Una semana usted trabaja en la mañana, la otra semana trabaja en la tarde, la otra en la noche y la otra en la madrugada. Uno no tiene un ritmo constante de sueño. En su equipo también tienen implementados los días de bienestar, que suceden cada seis meses, pero ni en estos se puede desconectar completamente porque las directivas las solicitan constantemente”.

Otra de las denuncias de la abogada son el “cuestionamiento y hostigamiento” que, dice, se hace por parte de sus superiores de forma pública en los grupos de WhatsApp: “En tono humillante, lo hacían pasar pena, sentir de cierta manera mal, como que usted no hace las cosas bien”. Si alguna muestra inconformidad “de una vez la atacan, ya se van en contra de usted”. 

Igual que en otros casos, esta mujer señala la falta de condiciones laborales básicas en el espacio presencial. “No tenemos una silla ergonómica, sino una silla bastante rígida, un escritorio y un portátil que es bastante lento”. También denuncia la ausencia de apoyo psicosocial. “El tema de las metas me parece de lo más grave que hay, porque exige tener jornadas más extensas”, explica. 

Ante esto, la secretaria de la mujer argumenta que, sobre todo, la de Eliminación de Violencias contra las Mujeres y Acceso a la Justicia es “una dirección que por la naturaleza misma de las actividades que se realizan, por, literalmente, estar lidiando con la vida de las mujeres y su potencial riesgo, pues también hay mayores riesgos”. Esta explica que en la dirección “hay un alto rigor: el tipo de repuestas, cómo se contesta, cómo atendemos a las mujeres es muy importante; (…) en ese sentido pues sí, es una dirección donde la directora (Alexandra Quintero) es rigurosa, donde yo también pido rigor, donde nos toca estar muy pendientes, también tenemos a todos los órganos de control encima mirando”. 

Ante las denuncias sobre posibles hostigamientos por parte de la directora Alexandra Quintero, la secretaria afirma: “Yo he hablado con mis directivas y no solamente Alexandra, (…) haciendo un llamado a que la exigencia y el rigor es muy importante porque ahí creo que es vital, pero que eso no se convierta en maltrato, y yo creo que eso hace una diferencia: exigencia y rigor no necesariamente es maltrato”. Además, contactamos a la propia Alexandra para conocer su respuesta a estas denuncias pero la directora señaló que estaba de vacaciones y lamentaba no lograr dar una respuesta en estos momentos. 

Prestar un servicio es diferente a ser de planta

Daniela Cuentas, abogada especialista en seguridad social y magíster en derecho al trabajo y la seguridad social, explica que el problema no es el modelo de contratación, sino la intención con la que este se usa. “Siempre he dicho que el contrato de prestación de servicios no es un mal contrato, es un muy bueno. Lástima que en Colombia no se sepa utilizarlo y lo utilizan para ahorrarse el tema del pago de las prestaciones sociales”. 

En otro de los casos, Ana*, una trabajadora social que estuvo en la agencia MUJ y salió en enero de este año luego de meses trabajando bajo el mismo modelo de contratación, cuenta que inicialmente le dijeron que posiblemente iba a tener diferentes turnos de trabajo. “Yo dije bueno, pues eso igual es algo que se cuadrará”. Sin embargo, el acuerdo de los turnos estaba lejos de ser consensuado. “Me di cuenta que era 100% presencial (el acuerdo principal no contemplaba esto) y al lugar al que íbamos, teníamos que sujetarnos a unas reglas que no tenían razón de ser”, como no tener celular en la sala de recepción, a pesar de que tenían que usar WhatsApp todo el tiempo. 

Este caso es un ejemplo de lo que Daniela señala como un contrato de realidad, que es la existencia de un contrato laboral disfrazado dentro de una contrato de prestación de servicios. Ella enumera los elementos que lo componen: “Estoy ejerciendo personalmente el servicio que es el primero, estoy cumpliendo un horario que es el segundo; y una subordinación (…) cuando yo tengo un contrato laboral yo recibo un salario, pero cuando yo estoy en un contrato de prestación de servicio y yo recibo honorario, sí son contratos totalmente diferentes”.

Daniela, asimismo, señala que “el acoso laboral en Colombia está tipificado en la ley 1010 del 2006” y hace una distinción necesaria: “Tenemos el maltrato laboral, que es todo acto de violencia contra la integridad física o moral, la libertad física o la libertad sexual”; y está la persecución laboral, “cuando se dan conductas (…) que lo que buscan es la reiteración o la evidente arbitrariedad” que buscan que el trabajador renuncie. Y está la discriminación laboral, la más popular, que es la discriminación en el trabajo por raza, género, origen, nacionalidad, edad, etc. 

Ana pudo haber vivido algo de esto en su caso. “No había espacio para hacer esas críticas o manifestar el cansancio, el agotamiento o lo pesado que podían ser algunos casos”, afirma, quien también se queja de la ausencia de asistencia mental para una labor que ha dejado huellas en la salud de muchas. Cuenta que, incluso, una vez vieron un feminicidio en vivo en la calle a través de las cámaras. Este tipo de eventos se suman a “una presión absurda” de que si no actúan a tiempo una mujer puede morir. “Efectivamente la responsabilidad cae sobre una”. 

Adicional a eso, Ana cuenta que al llegar a la estrategia notó que no necesariamente contratan a mujeres con experiencia en el manejo de casos de violencias basadas en género, lo que podría generar revictimizaciones. “Esa estrategia no les importaba. Les importaba en tanto elevaba casos para la Línea Púrpura y otras estrategias, éramos como un cuento, se ve el trato que tenía con nosotros”.

Daniela afirma que lo vivido por Ana, y por el resto de mujeres que compartieron sus testimonios con MANIFIESTA “es un tema extensivo a nivel de secretarías y a nivel de entidades distritales, usar esta forma de contratación para terminar explotando a sus trabajadores. Lastimosamente no es un tema solamente de la Secretaría de la Mujer”. Para ella, “el distrito se está ahorrando realizar estos nombramientos que se necesitan con personas de planta que cumplan tu horario. Tú necesitas abrir una convocatoria y aceptar nuevos nombramientos nuevos cargos, porque es que ese contrato que tú estás utilizando no es el adecuado”.  

Un problema extensivo

La concejala de Bogotá, Heidy Sánchez, llegó a estas denuncias por otras realizadas en entidades del Distrito que también mostraban problemas con el modelo de contrato de prestación de servicios. “El tema del abuso de la figura del contrato de prestación de servicios y los casos de abuso y acoso laboral que se presentan para los contratistas es en todas las entidades del Distrito”, afirma.

Cuando Lorena buscó a Heidy para publicar su caso, la Secretaría no respondió a la denuncia. “Ellas tienen una costumbre y es que cuando tú le presentas un derecho de petición, te hablan de los servicios(…) eso no es lo que yo le estoy preguntando, estoy preguntando puntualmente sobre la situación de las contratistas”, dice Sánchez, que, además señala que no leyeron, ni respondieron la denuncia. 

La concejala anunció que hará una mesa de trabajo con todas las mujeres que deseen denunciar sus casos, junto “con la alcaldía, con Función Pública, con la Comisión Nacional del Servicio Civil, con la Procuraduría y con las entidades concretamente involucradas”. Heidy afirma que este contrato viene siendo “usado para actividades misionales de las entidades, cosa que la Corte Constitucional le ha dicho al Estado que no”.

A pesar de las respuestas de la Secretaría, los casos registrados repiten violencias laborales que probablemente se están replicando en otras entidades distritales. Las jornadas extensivas, el cuestionamiento del trabajo y la falta de condiciones básicas para ejercer un trabajo no debería ser la norma en una entidad que se funda en el lema del cuidado de las mujeres, ni en ninguna entidad estatal.

Créditos

Investigación y texto

Nathalia Guerrero

Edición

Rainiero Patiño M.

Con el apoyo de