Hacienda Torrealta: la puja entre la Fiscalía y el exgobernador Luis Pérez por 300 hectáreas en Antioquia
(10/10/2022)
Seis predios del exprecandidato presidencial Luis Pérez y de sus familiares viven un proceso de extinción de dominio. La Fiscalía dice que estarían vinculados a la familia del paramilitar desaparecido Vicente Castaño, aunque Luis Pérez pidió una rectificación porque dice que no es cierto. Cuestión Pública encontró que el nombre de Castaño no aparece en los documentos, pero los bienes sí comparten una historia de propietarios cuestionados. Incluso uno de los inmuebles estuvo involucrado en un proceso de la extinta Dirección Nacional de Estupefacientes.
El 19 de julio de 2022, la Fiscalía General de la Nación anunció “la mayor afectación con fines de extinción” en el marco del proceso de Justicia y Paz. Se trató de seis propiedades que componen la llamada Hacienda Torrealta, ubicadas entre Rionegro y El Retiro, Antioquia, y que presuntamente estarían relacionadas con el exjefe paramilitar Vicente Castaño. Según dio a conocer la Fiscalía, las propiedades están valoradas en casi $74.000 millones y miden aproximadamente 550 hectáreas. Cuatro de estas pertenecen al exgobernador de Antioquia, Luis Pérez.
Sin embargo, en un comunicado público difundido a través de redes sociales, Pérez solicitó una rectificación al fiscal general porque en la historia catastral de las propiedades no se registra que hayan pasado por las manos de Vicente Castaño. Además, asegura que no se trata de 550 hectáreas: “no son ni la mitad de las hectáreas”.
Tras lo dicho por Pérez en el comunicado, Cuestión Pública rastreó las seis propiedades que componen Torrealta y establecimos que sumaban inicialmente más de 633 hectáreas, pero tras una actualización de linderos, bajan a menos de la mitad con 301 hectáreas. En respuesta a Cuestión Pública, Pérez señaló que la extensión es cercana a las 250 hectáreas.
Estos lotes han sido propiedad de Luis Pérez, su familia y algunos de sus socios desde hace casi dos décadas. No obstante, el proceso judicial que enfrentan podría terminar en una extinción de dominio.
La Fiscalía estableció a través del testimonio de un exparamilitar ante Justicia y Paz, que uno de los seis predios que componen Torrealta ha sido de la familia del jefe paramilitar Vicente Castaño, desaparecido desde agosto de 2006. Aun así, de acuerdo con la Fiscalía, las seis propiedades estarían relacionadas a Castaño.
Pérez y sus abogados han negado tener o haber tenido relación con el paramilitar o participar en cualquier ilegalidad sobre la hacienda y el proceso de compra, y afirmaron que tendrían cómo demostrarlo. Pérez le dijo a Cuestión Pública que está trabajando en su defensa para demostrar que los bienes fueron adquiridos de buena fe.
El proceso empezó luego de que la Fiscalía retomara un testimonio de Rodrigo Alberto Zapata, alias “Ricardo”, ante Justicia y Paz. Zapata relaciona a Torrealta con Vicente Castaño, a través del cobro de una deuda entre dos narcotraficantes: Gustavo Tapias Ospina, alias Techo, y Edgar Marroquín, alias ‘Marroco’. Una empresa de familiares de este último fue la que vendió la propiedad al exgobernador Luis Pérez y sus socios.
En papeles, la empresa Marroquín y Rubiano Asociados aparecía como dueña. Sin embargo, según estableció Daniel Coronell en 2015, la propiedad habría estado bajo el control de un lugarteniente de Carlos Mario García, alias Doble Cero, asesinado en 2004. De acuerdo con Verdad Abierta, Doble Cero fue miembro de la Casa Castaño y gracias a su apoyo fundó el bloque Metro de las Autodefensas Unidas de Córdoba y Urabá.
Consultado por Cuestión Pública, Luis Pérez dijo que antes de empezar el proceso de compra de los bienes, no habían conocido a los anteriores propietarios ni visitado las tierras. Además, aclaró que la Fiscalía no está investigando a los propietarios sino la inclusión del bien dentro de Justicia y Paz.
Cuestión Pública revisó los folios de las matrículas inmobiliarias de las seis propiedades, cuatro de las cuales pertenecen a Luis Pérez y recopiló los dueños pasados de los terrenos que hoy están bajo la custodia del Fondo para la Reparación a las Víctimas.
El juego inmobiliario: desde la familia Uribe hasta las manos del narcotráfico
Empecemos por las ‘fichas’ con las que se construye la hacienda de Pérez y sus socios. Según los documentos, Torrealta se compone por seis lotes denominados Lote Tablacito, Finca Tablacito El Tablazo, Finca El Tablazo, Lote 1, Lote El Tablazo ‘Macuira’ y Macuira. La forma total de la hacienda es como sigue:
Cinco de las matrículas inmobiliarias que la componen registran como uno de los primeros dueños a Alberto Uribe Sierra, el padre del expresidente Álvaro Uribe. Aunque oriundo del suroeste antioqueño, Uribe padre tuvo posesión de cinco de las parcelas entre diciembre de 1971 y diciembre de 1973. Diez años después, en 1983, fue asesinado en la Hacienda Las Guacharacas, entonces propiedad de la familia Uribe, por integrantes de la extinta guerrilla de las FARC.
En 1973 Uribe Sierra vendió las tierras a María Elena Ospina de Botero, quien era la nieta del expresidente Pedro Nel Ospina. Es curioso, como lo contó El Espectador, que los reportes de la época consignaran como dueño a Oky Botero, conocido rejoneador, casado con Ospina de Botero. Posteriormente, él sería asesinado por sicarios del Cartel de Medellín.
Cuestión Pública encontró que, de las manos de Ospina de Botero, los predios fueron pasando a manos de diferentes dueños reconocidos en la vida nacional. Comienza Figlas LTDA, propietaria de dos de las propiedades en 1984. Esa empresa es de los mismos dueños de Eduardoño S.A, esta última dedicada a la venta de productos de lujo como yates. De hecho, en la campaña presidencial de 2018, una de los directivos de allí apoyó al entonces candidato Germán Vargas Lleras en su apuesta a la presidencia, de la que salió quemado.
También en los años 80 aparece el nombre de Juan Nepomuceno Villegas en la historia de dos de los predios. Nepomuceno Villegas tuvo la propiedad de dos de las fincas entre 1985 y 1986, año en el que fue asesinado por la mafia.
Desde ese año la historia de la Hacienda se intrinca con la del extinto cartel que comandaba Pablo Escobar. Aunque algunos reportes de la época hablan de que un extraditable conocido como Santiago Campo Zuluaga era el dueño, lo cierto es que en los certificados de tradición aparece otro nombre: el de Cano Villa Ltda, dueña de cuatro predios de la ‘torre’ entre 1986 y 2002. Esta empresa, propiedad de Elkin Cano Baena, fue la compradora de cuatro de los inmuebles que conforman Torrealta.
Por su lado, Cano Baena era uno de los lugartenientes más cercanos al capo Escobar. De acuerdo con Toño Sanchez Jr, en su libro ‘Crónicas que da miedo contar’, Elkin Cano trabajaba en compañía de su hermano Betto en el negocio del narcotráfico. Por un golpe de mala suerte al perder un cargamento, los Cano comenzaron a estar bajo la mira del Cartel de Medellín. Y, aunque primero cayó su hermano, Betto, Elkin fue asesinado mientras buscaba refugio en Cali bajo la sombrilla de los Rodríguez Orejuela.
Otras dos propiedades, que juntas alcanzan 100 hectáreas, fueron compradas de manera directa por Elkin Cano en 1986. El jefe paramilitar las tuvo a su nombre durante cinco días entre el 19 y el 24 de diciembre de ese año. Las propiedades luego pasaron a manos de Jaime Villa Barrientos y fueron adjudicadas en sucesión a David Alberto Cano Villa, hijo de Elkin Cano.
Una de estas, el Lote El Tablazo Macuira, fue incautado por la Dirección Nacional de Estupefacientes (DNE) y la propiedad fue entregada de manera provisional al Fondo Nacional Agrario (Incora) entre 1989 y 2006. Mediante resolución administrativa del 6 de julio de 2007, días antes de que familiares de Luis Pérez compraran la propiedad, se revocó la decisión de la DNE.
Consultado por Cuestión Pública, Pérez aseguró que en su momento las negociaciones sobre los predios se suspendieron hasta que se aclaró el tema de la DNE. De acuerdo con Pérez, el Fiscal 20 Especializado señaló que no se encontró elemento alguno que “permitiera concluir que el predio allanado tuviese su origen, directa o indirectamente de actividades ilícitas o que haya sido destinado a las mismas”.
De igual manera, Pérez dijo a este medio que antes de la compra de las propiedades, él y sus socios solicitaron una certificación a la DNE para corroborar que el predio pudiera ser comercializado.
Frente a las otras propiedades, mientras estuvieron bajo poder de Cano Villa Ltda, algunas comenzaron a tener problemas de valorización y de no pago de impuestos, como consta en los registros de Instrumentos Públicos. No obstante, para 2002, las deudas habían sido saneadas y cuatro fueron vendidas a otra sociedad: Marroquín y Rubiano Asociados Ltda. Estas cuatro propiedades, que pasaron por Marroquín y Rubiano, luego fueron compradas de manera directa por Luis Pérez y sus socios.
De acuerdo con El Tiempo, Marroquín y Rubiano Asociados era de otro narcotraficante conocido como Edgar ‘Marroco’ Marroquín. Asesinado en 2001 en Venezuela, la empresa estuvo a cargo de su hija quien, de acuerdo con el diario, purgó una condena en Estados Unidos por lavado de dinero, fraude electrónico y bancario.
Según estableció Daniel Coronell, en ese momento, 2002, Torrealta comenzó a ser frecuentada por alias El Pájaro, un jefe paramilitar de la zona aficionado a la brujería y la magia negra. El Pájaro era lugarteniente de Carlos Mario García, alias Doble Cero, cercano a la Casa Castaño. Esta conexión podría ser la pista que sigue la Fiscalía para relacionar los predios de Torrealta con el exjefe paramilitar Vicente Castaño.
Al fin, entre 2006 y 2007, cuatro de las propiedades pasaron a manos del exgobernador Pérez y de tres de sus socios inmobiliarios en virtud de una venta de la empresa de ‘Marroco’.
Actualmente cuatro propiedades se encuentran registradas a nombre de: Luis Pérez, su hermano Alberto de Jesús, Ramón Gustavo Aristizábal Castaño, Carlos Eduardo Sanmartín Londoño, Isabel Cristina y Juan Esteban Valencia Piedrahíta, Alvaro Santiago Santamaría Mejía, Santameda S.A.S, Aparta Suites Mediterráneo S.A.S y Sociedad Promotora Luna.
De acuerdo con documentos de la Corporación Autónoma Regional de la Cuenca de los Ríos Negro y Nare (Cornare), por Torrealta pasa una quebrada que es afluente del río Negro, que a su vez abastece dos acueductos veredales. Además, parte de la hacienda fue declarada dentro de la Reserva Protectora del río Nare, desde 2010.
Como reveló Yohir Akerman, sobre cuatro de estas propiedades existe una solicitud de parcelamiento, que le fue otorgada por la Alcaldía de Rionegro el 30 de diciembre de 2015, dos días antes que Pérez se posesionara como gobernador de Antioquia. La idea es fraccionar una parte de la hacienda en 120 lotes.
Para 2016, el proyecto de parcelación incluía los seis predios y contaba con concesión de aguas otorgada por Cornare, corporación en la que tiene asiento el gobernador de Antioquia o su representante. Akerman también señaló que desde su cargo, Pérez anunció la construcción de una vía que conectaría a El Tablazo, sector en el que se encuentra la hacienda. El proyecto de parcelas se encuentra paralizado según le dijo Pérez a Cuestión Pública.
Por este juego inmobiliario, pareciera que el punto en el cual la familia del desaparecido Vicente Castaño tuvo tenencia sobre la propiedad, como afirma la Fiscalía, fue en los años previos a la compra hecha por Pérez y sus socios, es decir, cuando estuvo en propiedad de Marroquín y Rubiano Asociados.
Según dijo el propio fiscal Francisco Barbosa, Vicente Castaño se encargó del cobro de una deuda entre los narcotraficantes Edgar Marroquín, alias Morocco (cuya empresa familiar tuvo la propiedad antes de Pérez y sus socios), y Gustavo Tapias, alias Techo.
Aunque el exgobernador Pérez, asegura no mantener ni haber tenido vínculos con la Casa Castaño, sí ha sido señalado de ser cercano a grupos paramilitares. En las elecciones locales de 2007 y 2011 presuntamente recibió apoyo en campaña por paramilitares desmovilizados. Además, en 2020, Pérez fue incluido en la lista de políticos y funcionarios que alias Otoniel entregó a las autoridades de presuntos colaboradores de las Autodefensas Unidas de Colombia.
