Índice de Percepción de la Corrupción 2022: ¿Una década perdida para Colombia?

(31/01/2023)

Cuestión Pública revela los datos del informe global de Transparencia Internacional. Este muestra al país estancado en una calificación que sigue generando preocupación. Transparencia por Colombia y algunas voces locales ofrecieron su visión.

Cambian los gobiernos pero no cambia cómo se ve la corrupción. Es lo que se puede leer del Índice Global de Percepción de la Corrupción —IPC— de 2022, presentado este martes 31 de enero por Tranparencia Internacional. Esto debido a que Colombia mantuvo una valoración de 39 sobre 100, la misma que obtuvo en 2021. 

La diferencia es que este estancamiento lo ha llevado a descender puestos en el ranking internacional. Mientras en 2022 se ubicó en la posición 91 entre 180 países, en el año anterior esta misma calificación le había alcanzado para llegar al puesto 87. En cualquier caso, “una calificación por debajo de 50, indica que el país enfrenta serios problemas de corrupción”, explicó el director de Transparencia por Colombia, Andrés Hernández.

Según manifestó Hernández, los resultados de esta medición indican que los diferentes tipos de corrupción que toma el índice, como soborno, desviación de recursos, uso de cargos públicos para beneficio privado, nepotismo en el servicio civil y captura del Estado no han sido contrarrestados en Colombia de manera eficiente.

Lo que se puede ver es que Colombia cumple una década con un resultado casi idéntico. Está ajustando ya cuatro periodos presidenciales sin lograr cambios sustanciales en su calificación.

Panorama mundial

Dentro del ranking, los países que se encuentran en los primero puestos son Dinamarca, Finlandia, Nueva Zelanda, Noruega, Singapur y Suecia. Mientras que los peor calificados fueron Somalia, Sudán del Sur, Siria, Venezuela y Yemen.

Para descargar la base de datos de la calificación del IPC, revise acá.

En el contexto de América Latina, Uruguay, Canadá y Estados Unidos lideran el índice, mientras que Nicaragua, Haití y Venezuela son los peores calificados. Como región, el promedio de calificación es de 43, sobre 100. Esto pone al continente por detrás de lo logrado por las regiones de Europa occidental (66) y de Asia del Pacífico (45).

En esta ocasión, el informe internacional se centró en resaltar las relaciones que existe entre la corrupción el conflicto y la seguridad nacional. Dice que “la corrupción es una amenaza fundamental para la paz y la seguridad”. Añade que “no es solo una consecuencia, sino también una causa de los conflictos, alimentándolos de varias maneras. La corrupción genera nuevos agravios a la sociedad”.

Sobre esto, Andrés Hernández resalta las investigaciones que se han venido haciendo en el sector defensa y seguridad por parte de la sociedad civil colombiana. Pide al gobierno abordar la corrupción que tiene que ver con los esfuerzos de paz y con aquella que aumenta la conflictividad social.

Voces de las regiones de Colombia

Para saber sobre cuáles son los puntos que impiden avances en los asuntos anticorrupción en Colombia, Cuestión Pública conversó con algunos líderes regionales que están al frente de organizaciones de promoción de transparencia y lucha contra la corrupción.

“Lo estancado es la misma lucha contra la corrupción. Existe una lentísima gestión de los organismos de control, pero además una falta de garantías para los denunciantes. La lucha apenas da para algunos titulares en ciertos casos emblemáticos”, expresó James Fonseca, director ejecutivo de la Corporación Vigía Cívica de la ciudad de Pereira. Hizo énfasis en una deuda que es la ley de protección a denunciantes, la cual fue aplazándose y hundiéndose año tras año en el periodo del Congreso anterior.

Por su parte, Marcela Pabón, directora del Comité de Transparencia por Santander, afirmó que las urgencias pasan por la mejoría en el acceso a la información pública, la calidad de los datos que las entidades están publicando en sus páginas y el control que se está haciendo para que se cumpla realmente con la Ley de Acceso a la Información Pública (Ley 1712 de 2014).

“Hay que adoptar la reglamentación del Conpes 4070”, dice María Úrsula Botero, gerente de la Corporación Cívica de Caldas. Se trata de un instrumento de planeación, publicado en 2021, que plantea los lineamientos de política en materia de “Estado abierto”, es decir acceso a la información pública, rendición de cuentas y participación ciudadana. Según dice Botero, hasta el momento no se ha avanzado con la normatividad que requieren sus metas. Para ella, el énfasis debe estar en el fortalecimiento de la participación ciudadana al punto de que exista una real cultura del cuidado de lo público.

Para consultar más información, visita la página de Transparencia por Colombia.