Gambito de Petro: con fichas liberales y de la U en Presidencia
(12/05/2023)
Cuestión Pública encontró que al menos catorce altos funcionarios del Departamento Administrativo de la Presidencia del Gobierno de Gustavo Petro están vinculados al Partido Liberal y de la U a través de los ministros Luis Fernando Velasco, Mauricio Lizcano y el embajador Armando Benedetti. Estas colectividades son determinantes para aprobar las reformas que ha intentado tramitar el presidente, hasta ahora, en veremos.
Por: Cuestión Pública
Gustavo Petro selló su alianza con los liberales en Florencia, Italia, en una reunión con César Gaviria a inicios de julio del 2022. La bendición del director del partido y sus 46 curules en el Congreso era un punto clave para el proyecto político del mandatario. Con los liberales en la coalición de gobierno, algunos de ellos aterrizaron directamente en altos cargos. Como Luis Fernando Velasco en la Alta Consejería para las Regiones, que tras la reciente crisis ministerial, pasó a manejar el Ministerio de Interior.
Un año después del matrimonio, Petro y el directorio liberal se divorciaron. Sin embargo, el presidente mantiene fichas clave de este y el Partido de la U en su gabinete. Además, ha iniciado una estrategia de negociación directa con sus parlamentarios, sin necesidad de pasar por la intermediación de los presidentes de dichas colectividades.
Dentro de esta puja, Cuestión Pública encontró que catorce funcionarios que han estado ligados a ambas colectividades trabajan en el Departamento Administrativo de la Presidencia —Dapre—. Varios de ellos están vinculados al nuevo Ministro de las Tecnologías y la Comunicación y anterior director del Dapre, Mauricio Lizcano, y al embajador de Colombia en Venezuela, Armando Benedetti.
Velasco: el caballito de batalla
De la luna de miel en Europa entre Petro y Gaviria queda la imagen de una unión fugaz. Las recientes declaraciones de Petro sobre el expresidente, en las que lo llamó un vocero de los dueños de los bancos, sepultó una alianza que venía fracturada por las críticas de ese partido a la reforma a la salud presentada por la exministra Carolina Corcho. En medio de esas disputas, los liberales ganaron un ministerio con la designación de Luis Fernando Velasco en la cartera del Interior.
Antes de que Velasco se convirtiera en el jefe de la política de Petro, fue consejero presidencial para las Regiones en el Dapre, dependencia en la que trabajan tres de sus asesores cercanos.
Uno de ellos es Kevin Fernando Henao Martínez, quien dos años después de haber sido acreditado como integrante oficial del Partido Liberal en 2020, se convirtió en asesor en la Consejería Presidencial para las Regiones. Esto después de haber sido miembro del empalme del Gobierno Petro y asesor de leyes en el Senado.
Yamel Ruiz Orjuela, quien se desempeñó como asesor de Velasco en el Congreso durante seis años, hasta junio de 2022, también fue nombrado asesor en el Dapre. Desde el Congreso, Ruiz apoyó sus labores legislativas y dos aspiraciones a la presidencia en 2017 por el Partido Liberal y en 2021 por el Pacto Histórico, respectivamente.
Al igual que Henao y Ruiz, el politólogo y abogado Jairo Jaramillo Giraldo trabajó para Velasco como su asistente senatorial desde 2015 hasta junio de 2022, después llegó a la Consejería del Dapre.
Si bien el nombramiento en la cartera del Interior reforzó la presencia liberal en el gabinete, esto no necesariamente garantiza un puente con sus directivos. “Velasco ha sido un opositor al liderazgo de César Gaviria en el seno del Partido Liberal. Es decir, la apuesta del gobierno es obtener el apoyo del partido pasando por encima del liderazgo de Gaviria», aseguró Yan Basset, analista político y docente de la Universidad del Rosario.
La U, uno de los alfiles estratégicos de Petro
Nada impidió el ascenso de Mauricio Lizcano al Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Ni el señalamiento de acoso sexual revelado a inicios de 2023 por El País América, y que habría ocurrido durante una entrevista de trabajo a una mujer mientras era senador en 2016. Ni los $173 millones que destinó a comprar artículos de hogar para la casa presidencial, como contó la Revista Semana. Ni la investigación publicada en 2017 por Diana Salinas, cofundadora de Cuestión Pública, sobre cómo su familia adquirió una tierra que había sido despojada a campesinos en Risaralda.
Lizcano pertenecía al bando contrario unos meses antes de aterrizar en el Gobierno Petro. El ahijado de matrimonio de Álvaro Uribe era parte de la derecha santista y heredó en Caldas el caudal político de su papá, el exrepresentante Óscar Tulio Lizcano.
Como varios políticos del Partido de la U, en 2021 Lizcano anunció su renuncia y se unió a Gustavo Petro de cara a las elecciones presidenciales. Formó su propia colectividad en Caldas, Gente en Movimiento, y con ella logró elegir en la Cámara a Wilder Escobar, con la mayor votación en ese departamento. También apoyó al Senado al exgobernador de Caldas Guido Echeverri en 2021, que hoy pertenece a la línea política En Marcha, del exministro Juan Fernando Cristo.
La insistencia del Gobierno en mantener a Lizcano como una pieza clave del gabinete, pese a los cuestionamientos que lo rodean, estaría ligada al poder de interlocución que mantiene con el Partido de la U, según explicó a Cuestión Pública el analista político, Yan Basset.
Con la izquierda en el poder y con Lizcano aún en su cargo de director del Dapre, Dilian Francisca Toro, directora de la U, estuvo dispuesta a pactar una alianza con el presidente y ser la voz de la «serenidad» en medio de las disputas con los liberales.
Para julio de 2022, la U ya negociaba ser partido de gobierno entre reuniones de ambas bancadas. La alianza comenzó a fracturarse con la reforma a la salud, frente a la cual el Partido presentó, junto a los conservadores, 133 modificaciones al proyecto. Finalmente, la negociación se frenó cuando el Gobierno aceptó cerca del 67% de las propuestas, mientras ambos partidos solicitaban la totalidad.
Aunque la bancada de congresistas de la U solicitó declararse independientes, el partido permanece sin oficializar su salida de la coalición de Gobierno, por lo que Dilian Francisca Toro estaría dispuesta a negociar.
El actual asesor de la Secretaría General de la Presidencia ya había trabajado con Lizcano en 2014. Mientras Alexis Cuesta militaba en el Partido de la U, fue parte del equipo de Lizcano en el Urabá antioqueño durante la campaña del entonces congresista para las elecciones legislativas y presidenciales, donde se definiría la reelección de Juan Manuel Santos.
Para 2015, Cuesta se lanzó a la Alcaldía de Turbo con la bendición del santismo, pero perdió contra Alejandro Abuchar. Dos años después, apoyó a Juan Felipe Lemos, aliado de Lizcano, en su candidatura al Senado con el Partido de la U. A partir del 2017, Cuesta recibió tres contratos que sumaron $104 millones por brindar asesorías al Concejo de Turbo y representación jurídica a hospitales regionales de Antioquia, departamento oriundo de Lemos.
Antes de su arribo en el Dapre, Cuesta siguió a Lizcano y renunció al Partido de la U en 2021, pese a ser uno de los «más importantes alfiles de Urabá» para la casa política, según registró Semáforo y Contravía, medio de la región. Ya en la entidad, el funcionario no escatimó en halagos para su exjefe, al que describió en redes como un líder positivo y un “ser de luz”.
El ascenso político de Lizcano estuvo acompañado de Manuel Orlando Correa, concejal de Manizales por dos períodos consecutivos (2012-2019) y exdiputado de Caldas en 2020 por el Partido de la U. Hoy es precandidato a la Gobernación de Caldas.
Correa es hermano de la actual asesora de la Secretaría General de Presidencia, Yorlady Correa Bedoya, contratista de la Escuela Superior de Administración Pública (ESAP) y del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar. En esta última entidad recibió dos contratos por $39 millones para hacer seguimiento a los servicios de atención integral prestados a niños, niñas y adolescentes, en 2022. Allí trabajó con Luis Eduardo Céspedes de los Ríos, director del ICBF, señalado por la Silla Vacía en 2019 de ser cuota de Lizcano.
Bajo la dirección de Lizcano, el Dapre también contrató a aliados de sus aliados. En 2020, Lisimaco Acosta Díaz fue secretario de Salud de la Dorada, Caldas, y dos años después hizo parte de la campaña del representante a la Cámara Wilder Escobar, quien encabezó la lista del partido Gente en Movimiento en Caldas.
Cinco años antes de ser nombrado asesor del Fondo Especial para la Paz en el Dapre hasta su salida en abril del 2023, Acosta recibió $302 millones a través de 14 contratos de asesorías jurídicas con alcaldías y hospitales regionales de Caldas y Risaralda.
En el Dapre también hubo lugar para Santiago López Díaz, actual asesor de la oficina de Control Interno de la Presidencia, y para Martín Augusto Durán Céspedes, jefe del Área Financiera. Ambos pasaron por la Gobernación de Caldas con las banderas del Partido de U.
Lizcano es cercano a López y en 2019 apoyó a Luis Carlos Velásquez, la ficha de Lizcano para la Gobernación de Caldas, que resultó elegido ese año. Entre 2018 y 2020 fue contratista de Caldas, celebró 11 procesos que suman $184 millones por sus asesorías a hospitales municipales y la empresa de obras sanitarias, Empocaldas.
Las torres de Benedetti
Algo similar ocurre con Armando Benedetti, actual embajador de Colombia en Venezuela. En 2020 el entonces senador fue expulsado, según el Partido de la U, por haber violado el régimen de bancadas. Un mes después, anunció su apuesta por la Colombia Humana y se convirtió en el jefe de la agenda del presidente.
Su llegada al Pacto significó para Petro el aumento de votantes en la Costa y un nuevo acceso al Partido Liberal y de la U, a los que Benedetti ya había representado por siete y quince años, respectivamente. Además, el actual diplomático ha acompañado de cerca al presidente en las crisis mediáticas de su mandato, como en el caso de la presunta vinculación de Nicolás Petro al narcotráfico para la financiación de la campaña presidencial.
Benedetti mantuvo cerca a los suyos en el Dapre. Uno de ellos fue su entonces cuñado Juan Carlos Fernández Martínez, hasta hace poco esposo de Ángela Benedetti, exembajadora de Colombia en Panamá.
Fernández se desempeña desde octubre de 2022 como asesor de la Jefatura del Despacho Presidencial y su salario está entre los cinco más altos de la entidad. El periodista, según contó Benedetti a Cuestión Pública, “manejaba el tema de medios de comunicación en la campaña (de Petro) y algunas relaciones con (Alejandro) Santo Domingo”.
Fernández también trabajó para Caracol Televisión (2013 – 2021), fue director ejecutivo del periódico El Espectador y periodista económico de Blu Radio junto a Néstor Morales.
Fernández no es el único cercano a Benedetti en el Dapre. Germán Antonio Gómez, quien fue su jefe de prensa en 2021, mientras este era senador del Partido de la U, es ahora secretario de Comunicaciones y Prensa de Presidencia. Durante la campaña presidencial de Gustavo Petro, se desempeñó como coordinador de medios en los eventos públicos.
Benedetti también está vinculado a una de las personas más influyentes del gabinete: Laura Camila Sarabia Torres, quien asumió la jefatura del Despacho Presidencial con 28 años. La politóloga acompañó de cerca a Petro en la campaña de 2022 y también fue asesora de comunicaciones de Armando Benedetti.
Laura Sarabia lleva al menos ocho años de carrera en la política desde que realizó sus prácticas profesionales en el Ministerio de Defensa. En 2017, fue asesora del Partido de la U y después del senador Benedetti hasta 2022. En ese periodo, compartió jefe con Andrés Fernando Parra Valverde, abogado de la Universidad Javeriana de Cali, su esposo y asesor II de Benedetti en 2016.
Jaime Ramírez Cobo, quien asistió como invitado al Movistar Arena durante el anuncio de la victoria de Petro en junio de 2022, fue nombrado, dos meses después, asesor de la Jefatura de Despacho Presidencial.
El abogado y piloto le dijo a Cuestión Pública que conoció a Laura Sarabia a través de Andrés Parra, del que es “muy amigo”. Ramírez hizo parte de la Unidad de Trabajo Legislativo del exsenador Harold Suárez, del Centro Democrático, mientras Sarabia, hoy su jefa directa en el Congreso, integraba la de Benedetti en el Senado.
“No teníamos relación alguna y ahí nos volvimos a unir mucho. Después me fui a trabajar a Latam y con el tiempo, cuando ya ella estaba acá [en el Dapre], me dio la oferta si quería ir a trabajar con ella a despacho. Yo estaba buscando oportunidades laborales y por un amigo me dijeron que estaban buscando equipos. Debía presentar la hoja de vida y era con ella”.
Desde el despacho presidencial, Ramírez se encarga de asesorar y coordinar las actividades del jefe de Estado, como eventos legislativos.
Cuestión Pública también consultó al embajador Benedetti por sus vínculos con los funcionarios del Dapre. “Jamás en la vida he llamado al señor Lizcano para que nombre a nadie en Palacio. Si fuera verdad que tuviera influencia, los nombraría en cargos altos (…) Y si han nombrado a algunas personas en cargos pequeños, seguramente son aquellos que estuvieron en la campaña y en nada tengo que ver con eso”.
Las piezas del Rey
El Pacto Histórico supo mantener cerca a los suyos. De los 27 nombramientos que Cuestión Pública analizó, ocho funcionarios están vinculados al partido y la campaña de Gustavo Petro en las pasadas elecciones. Uno de ellos, con una lista amplia de cuestionamientos como la historia que comparte con el presidente.
Se trata de Vladimir Fernández Andrade, quien a pesar de los líos judiciales que lo rodean, obtuvo su cargo como secretario jurídico de Presidencia en el Dapre.
En 2011, Fernández fue nombrado en el equipo de empalme a la alcaldía de Bogotá por Petro, entonces alcalde. Su intento por estar en el equipo se derrumbó al ser investigado por la Fiscalía por presunto interés indebido en la celebración de contratos. En 2002 otorgó cuatro contratos como funcionario de las Empresas Públicas de Neiva (EPN) a una compañía de la que era socio. En 2012, el caso precluyó a su favor.
Andrade fue procurador primero delegado ante el Consejo de Estado, secretario general de la Federación Nacional de Departamentos (FND), asesor del despacho del Contralor General y contratista en trece entidades más entre 2001 y 2016.
En 2018, volvió a protagonizar otro escándalo judicial. Mientras se desempeñaba como secretario de la FND, la Fiscalía le abrió un proceso tras aparecer en una interceptación telefónica mientras asesoraba a un familiar acusado de presuntas irregularidades en las elecciones del personero de Neiva. Fernández señaló que este proceso fue archivado el año pasado.
“Conozco al Presidente desde antes de ser alcalde. Tenemos una relación estrictamente profesional y así se ha mantenido, pero de ninguna otra de ningún otro evento”, le dijo a Cuestión Pública.
Conoce más conexiones entre los funcionarios del Dapre y el Gobierno Petro:
Cuestión Pública consultó a Yan Basset, analista político y profesor de la Universidad del Rosario, sobre la posibilidad del Gobierno de continuar con las alianzas con los partidos tradicionales de cara a las reformas.
“El Gobierno no ha perdido la meta de convencer por lo menos al Partido Liberal y al Partido de la U. Creo que con los conservadores ya los puentes están rotos. La meta es convencer a congresistas individuales de la U y del Partido Liberal, o que finalmente los partidos se queden en la coalición”.
La estrategia del actual gobierno se empezó a mover. A partir del próximo 20 de julio, la presidencia del Senado será asumida por la Alianza Verde, partido que ya tiene a su copresidente, Carlos Ramón González, como director del Dapre, lo cual deja preguntas sobre un posible enroque de nombramientos.
El presidente Gustavo Petro y el ministro Lizcano acordaron enviarnos su versión, pero al cierre de esta publicación no lo habían hecho. De enviarlas, las adjuntaremos.
