(28/07/2020)
Por: Juan José Jaramillo Arango
“Mamá, encontré un pedazo del piso de mi cuarto”. Mariana Tenorio tiene ocho años y corre, inocente, sobre los escombros de lo que fue su casa. Mientras tanto a Nayibe Ojeda, su madre de 29 años, se le nota la rabia en los ojos. Aún así, celebra cada cosa que su hija le dice.
Es el día uno de la inopia. ¿Cómo afrontar la nada en medio de la pandemia? Las últimas 24 horas de estas 19 familias han sido una constante: recolectar plásticos industriales para cubrir lo poco que les quedó y protegerlo de la lluvia. Algunos muebles, poca ropa y vajillas, todo quedó al aire libre después del desalojo que hizo la Policía Nacional de Colombia junto a funcionarios de la Alcaldía de Cali, el 8 de junio, en el sector conocido como La Viga al sur de la ciudad. Al 27 de julio, con 16.521 casos confirmados de COVID-19, Cali es el tercer foco de contagio a nivel nacional según las cifras reportadas por el Instituto Nacional de Salud (INS), aunque en la página web de la Secretaría de Salud de la ciudad solo se reportan 15.217.
Desde el inicio de la cuarentena obligatoria en el país, el 24 de marzo, la Presidencia de Colombia prohibió los desalojos, pero dejaron en claro que la prohibición solo cobijaba los arrendatarios en problemas económicos. Bajo la administración del alcalde Jorge Iván Ospina, del Partido Verde, han ocurrido al menos dos grandes acciones de este tipo. El primero, el 16 de mayo, desalojó a 70 familias del barrio Siloé.
Y el segundo desalojo ocurrió el pasado 8 de junio, a orillas del río Pance al sur de Cali. “Se bajaron unos 80 policías, del ESMAD y los regulares”, calcula a ojo Sebastián, uno de los guardias indígenas que los vio bajarse de los dos camiones que los transportó hasta el lugar. Los uniformados acordonaron la zona y gritaban para que los habitantes salieran de sus viviendas. Según recuerda el jóven, detrás de ellos rugía una máquina amarilla, una retroexcavadora que aplastó ocho viviendas a su paso y giró sobre un cultivo de maíz. Giró y giró hasta que no quedó una sola planta comestible en pie.
Nayibe recuerda cómo algunos uniformados se bajaron del camión sin usar tapabocas. El corregidor Gerardo González, máxima autoridad civil de la zona y subalterno del alcalde Ospina, estaba en el centro del caos con una camisa impoluta azul, sombrero aguadeño y los brazos cruzados sobre el pecho. Él dio la orden al operador de la retroexcavadora para iniciar la destrucción. Los policías sacaron del camino a algunos habitantes que intentaron interponerse entre sus casas, algunas de madera y zinc, y la máquina de acero.
Los funcionarios terminaron de tumbar las ocho casas a la hora del almuerzo. Se sentaron a comer en bandejas desechables de icopor y, media hora después, como si se hubiera tratado de un picnic, se levantaron, se subieron a los camiones y se fueron. Toda la basura que produjo el almuerzo quedó tirada en el mismo lugar donde comieron.
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Desplazados por la violencia, Nayibe y su esposo Robinson llegaron a La Viga en 2009. Venían de un pueblo llamado Taminango, en Nariño, que a comienzos del 2002 vio cómo sus tierras se llenaron de paramilitares, que causan dolor y estragos al día de hoy. La violencia en su máxima expresión. Nayibe y Robinson se asentaron en este barrio informal, en tierras baldías y levantaron una casa de madera y techo de zinc. Se hicieron un campo en medio de otras casas informales, algunas de las cuales llevaban para entonces más de 15 años construidas y, de facto, se convirtieron en vecinos de la Hacienda Casa Blanca. Escogieron este espacio porque Joselito Tenorio, el padre de Robinson, ya vivía allí.
Joselito Tenorio también salió huyendo de la guerra en Taminango. En el 2009 los paramilitares planeaban reclutar a su hija de 13 años, él cree que era para convertirla en esclava sexual. Joselito tuvo que empacar y en menos de una semana abandonó su casa para siempre. Dejó atrás mil matas de papaya que tenía sembradas y huyó a Cali para buscar cualquier trabajo. Ese mismo año llegó a Casa Blanca, donde aró la tierra con una mula medio salvaje que había en el predio, tumbó el rastrojo de la finca y sembró por cuenta propia 500 plantas de maracuyá. Se ganó el respeto del patrón.
En 2014 Joselito terminó de ahorrar $350.000 y fue hasta la Notaría Octava del Circuito de Cali para legalizar la posesión de un pequeño lote baldío que quedaba entre la Hacienda Casa Blanca y el río Pance. Tiene conservados en perfecto estado los protocolos de posesión legalizados y notariados. Pero nada de eso valió contra la retroexcavadora cuando llegó el 8 de junio de derrumbar todo lo que se atravesara en su camino.
“No nos considerábamos pobres porque teníamos un techo, agua limpia y siempre un trabajo digno. Pero ya nos quedamos sin techo, nos rompieron las mangueras del agua y tumbaron las matas con las que hacíamos las arepas que luego salíamos a vender”. A Nayibe se le pone colorada la cara cuando recuerda el desalojo. Ella, en medio del desespero, se trepó en la retroexcavadora para intentar impedir que los dejaran en la calle, sin nada. Pero cuatro policías la agarraron, cada uno por una extremidad, y la tiraron al piso. La máquina destruyó todo.
“Yo sí me alteré mucho. Les dije hasta de qué se iban a morir, pero es que en el momento, cuando vi que iban a destruir todo lo que hemos construido, la rabia le gana a uno. Uno no piensa. Después sí me dio mucho arrepentimiento porque si me metían presa mi hija quedaba sin casa y sin mamá”, relata Nayibe. Su dolor es profundo.
El 8 de junio, después de perder su casa, Nayibe tuvo que resistir en silencio que le pusieran un comparendo por más de un salario mínimo mensual. Pero para ella eso es lo de menos. El año pasado perdió el que iba a ser su segundo hijo. Tuvo una eclampsia que provocó el nacimiento del bebé con tan solo cinco meses de gestación. Vivió tres días y se llamó Sebastián. “Cuando mi esposo y yo hicimos esta casa fue para poder vivir con mis dos hijos solos, sin tener que vivir con mis suegros. Por eso cuando ese bulldozer nos destruyó la casa, yo sentí que me habían vuelto a matar a mi bebé”.
En el 2019 se hicieron dos intentos de desalojos en este mismo lugar, e incluso, uno fue suspendido porque la cuñada de Nayibe estaba embarazada. “Llevamos casi tres años en los que nos acostamos todas las noches pensando que al otro día nos volverán a echar la policía”, dice Nayibe.
La constructora Jaramillo Mora compró la Hacienda Casa Blanca y la convirtió en distintos proyectos exclusivos de vivienda. Casas para gente de estratos 5 y 6 de más de trescientos metros cuadrados construidos, piscina, cinco baños.
La tenaza de la Alcaldía de Cali aprieta cada vez más. Esta es la tercera vez en menos de un año que policías vienen a destruir casas. El primer intento fue el 4 de septiembre del 2019. El segundo el 27 de septiembre del mismo año y el último fue el que acabó con la casa de Nayibe y de 18 familias más el 8 de junio.
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En la médula del asunto parece estar una carretera que hoy no tiene espacio para ser construida. Las casas de la empresa Jaramillo Mora quedaron muy cerca al borde del río Pance y al terreno baldío. Solo hay un pequeño espacio de lo que era la Hacienda Casablanca.
En carpetas de cartón, Joselito y Nayibe, su nuera, conservan el mapa del levantamiento planimétrico cuando Jaramillo Mora compró la hacienda. En el documento se ve que no iba a pasar ninguna vía por encima de sus viviendas. Pero ahora nada está claro, nadie sabe por dónde construirán la nueva vía.
La empresa trabaja en la construcción de un parque comunitario que va a medio camino y quieren terminar justo donde están los lotes protocolizados de los campesinos. Sentados en los escombros de sus antiguas viviendas, los habitantes de este barrio informal dicen que es tan poderosa la empresa que la retroexcavadora que derrumbó sus casas no era de la alcaldía sino de la compañía Jaramillo Mora. “No tenía ningún logo, ninguna marca” alegan ellos.
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Hace 27 años llegó a esa tierra de nadie el primer habitante y levantó un ranchito con techo de zinc. Desde entonces han llegado otros vecinos. El más reciente, Yobany Quinceno, llegó al barrio hace seis años. Él también carga los papeles que lo certifican como dueño del lote bajo el brazo, según muestra. En el 2015 pagó $3 millones por un espacio de 70 metros cuadrados por el derecho de posesión.
Para que no los desalojaran tuvo que venir la Guardia Indígena del Cabildo Pance para prestar seguridad y acompañamiento en Derechos Humanos. Ellos fueron parte del primer anillo de seguridad que defendió al entonces candidato a la alcaldía Jorge Iván Ospina en el 2018 durante su campaña. Su discurso era progresista y solidario, pero más de un año después de su victoria en las urnas este cabildo indígena cree que serán tiempos de resistencia contra su antiguo aliado.
Ospina ha declarado una supuesta guerra, según dice, contra lo que él denomina invasores recientes de la ribera del río —sin tener en cuenta que hay familias que llevan más de 27 años asentados allí— y así justificó el desalojo el mandatario. Cuestión Pública habló con esta población desalojada y chequeó sus escrituras que darían cuenta de, por lo menos, seis años de habitar esas tierras. Pero lo que indigna al cabildo indígena y a las 19 familias de La Viga es que no ha ordenado ningún desalojo de los condominios de casas que pueden costar hasta un millón de dólares, algunos de los cuales se empezaron o terminaron durante el primer mandato de Jorge Iván en 2008.
El alcalde Jorge Iván Ospina ha decidido mantenerse en silencio. Dentro de la organización municipal designaron como vocera a Corina Cortés, subsecretaria de acceso a la justicia. Ella respalda todos los desalojos de predios en la rivera del río Pance. Hace especial énfasis en que están cumpliendo una orden policial emitida en el 2017. Niega que los policías fueran traídos de Popayán y Jamundí, pero prefiere no responder cuando se le pregunta por qué el policía que se negó a hacer el desalojo fue retenido en la estación de Jamundí.
Consultamos a Corina Cortés vía Whatsapp:
Juan José Jaramillo: Señora Corina, ¿por qué hicieron el desalojo si el presidente los prohibió el 24 marzo, por el tiempo que durara la pandemia?
Corina Cortés: Quiero aclararle señor periodista que la prohibición es para desalojos que se harían por incumplimiento de pago cuando había un contrato de arrendamiento. Esta gente estaba en una invasión. No aplica la orden presidencial.
La funcionaria intenta ser enfática en la respuesta sobre si la maquinaria usada para los desalojos es propiedad de la constructora Jaramillo Mora:
CC: En este tipo de procedimientos siempre se usa maquinaria de la secretaría de infraestructura (sic), señor periodista.
JJ: ¿Entonces ustedes pueden asegurar que en ese desalojo la máquina no era de Jaramillo Mora?
Silencio.
JJ: ¿Ustedes desconocen los documentos de posesión de algunos de esos habitantes?
CC: Señor periodista, ese es un proceso muy largo. Y no están adjudicados. Solo en posesión.
Como en el trino del alcalde Ospina, el mensaje de Corina de despedida es claro: la cruzada por desalojar la gente que vive a orillas del río parece continuar en pie.
“Viene él ahora a decir que somos invasores, nosotros porque somos pobres, pero ¿y los condominios que permitió como el de Llanos de Pance?”. Sebastián es uno de los guardias indígenas, creció en este río y por eso respalda a las 19 familias que quieren desalojar en medio de la pandemia. Fue en parte gracias a ellos que la Policía Nacional de Colombia solo logró destruir ocho casas. Otras doce se mantuvieron en pie. Por ahora.
Por ahora Nayibe consiguió dos habitaciones en alquiler en las que almacena los muebles y el colchón, lo más delicado cuando llueve. Tendrá que pagar $250.000 por adelantado cada mes. Ni ella ni su familia se irán a dormir a ningún lado, según dicen: “Si nos vamos, nos roban las cositas que tenemos acá, bien sean los ladrones o la policía”.
En sus oídos retumba cada minuto la frase que lanzó el corregidor Gerardo González cuando salían de los predios: “Volveremos. Y mejor si ustedes no están acá”.
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