Cuando los feminicidios ocurren en un contexto rural es posible que el caso quede en el olvido, no solo por los entes de control, sino por medios de comunicación que se encuentran centralizados en las ciudades. “En otros lugares mucho más alejados, tienen menos importancia comunicativa en Colombia y eso también es importante en términos de analizar cuáles son las vidas de mujeres que más importan”, comentó Rivera, la coordinadora del Observatorio de la Red Feminista Antimilitarista.

“Somos unas convencidas que el silencio no ayuda a solucionar esta problemática, que el estallido social debe ser la línea de acción como primera medida, que todos tengamos claro el rechazo unánime a una práctica como el feminicidio y que ningún cuestionamiento es válido”, dijo Maturana, integrante de la Asociación Nacional de Mujeres Afrodescendientes Guadalupe Zapata. Así como también se evidenció este año entre abril, mayo y junio, cuando se llevaron a cabo protestas en todo el país, donde estas peticiones fueron realizadas por colectivas feministas, afro y trans en busca de justicia e inclusión, en los que se muestra la importancia de dar a conocer estos casos para ponerlos en el ojo público. 

Por otra parte, el Instituto de Medicina Legal, al no tener sedes en todos los municipios de Risaralda, obliga a que las mujeres deban ser trasladadas a la seccional de Pereira para llevar a cabo el proceso patológico; lo cual termina en una revictimización debido a las largas esperas, desplazamientos prolongados, así como el limitado acceso a la información y la metodología de la investigación.

Otro tipo de características, como el estrato socioeconómico, es un factor que perciben lxs familiares de las víctimas como un obstáculo para el esclarecimiento de los casos de sus hijas. No se sienten escuchadxs, acompañadxs y finalmente, sus nombres quedan en el olvido. Patricia Ospina, madre de Leidy,  suscribió a ese sentir que parece colectivo y entiende las razones que terminan por ejercer una justicia desigual que discrimina por estrato social:  “(…) en ninguna parte me atendieron, la colaboración que yo necesitaba, como no soy una mujer rica, al contrario, por ser una madre cabeza de familia que no tengo las posibilidades”.

Gloria Valencia, madre de Paula González y Adriana Ruiz, madre de Samara Ruiz, también perciben que su estrato socioeconómico es un factor determinante por el que la investigación del feminicidio de sus hijas no avanza en la Fiscalía.  

Una de las principales conclusiones a las que llega La Cola de Rata es que a pesar de la exigencia  de amigxs, familiares y colectivas feministas por no dejar en la impunidad los feminicidios en Pereira, las investigaciones no muestran resultados y procesos como los de Samara, Paula y Leidy no avanzan. 

Para las periodistas de La Cola de Rata, mientras la Fiscalía insista en silenciar los feminicidios por encontrar que los problemas intrafamiliares son de la esfera privada de la mujer, le restará importancia a investigar el fenómeno en el que los hombres asesinan a las mujeres por considerarlas su objeto sexual, de su propiedad o las amas de casa de sus familias. Esta visión ignora a las mujeres como ciudadanas, sujetos con una vida plena, que fueron cortadas por agresores que en muchas ocasiones terminan siendo sus parejas.