Congreso

Cuestión Pública cruzó la lista de los 2.835 aspirantes al Congreso (Cámara y Senado) con el Sistema Electrónico de Contratación Pública (SECOP) y encontró 14 candidatos y candidatas que estarían presuntamente inhabilitados para ser elegidos, por haber contratado con el Estado dentro de los seis meses anteriores a la elección. Estos son sus nombres y sus contratos.

La atravesada se toma esta columna. Soy la versión feminista de la periodista en cuestión, una versión que se alimenta en las noches (especialmente), con una dosis de refuerzo cada 8 de marzo. Y como estoy llenecita de poder y es de noche, aquí va:

La primera investigación al patrimonio de más de 75 congresistas, sus empresas, negocios familiares, los contratos estatales, sus redes y sus intereses privados.

Las mujeres representan solo el 39.8% del total de candidatos inscritos a las elecciones del próximo 13 de marzo. Cuestión Pública Feminista le puso la lupa a la participación femenina en los comicios legislativos.

Por generaciones, familias políticas han controlado las regiones del país a través de poder y dinero. A su disposición se enfilan tropas conformadas por políticos, empresarios, contratistas y, en algunas ocasiones, paramilitares y narcotraficantes. Estas familias son propietarias de grandes extensiones de tierra, se han apropiado de negocios públicos y de la administración de los recursos de las ciudades, las regiones y la Nación. Sus alfiles llegan a todas las ramas del poder, incluyendo la justicia y los órganos de control. La disputa está en el manejo de la torta de los contratos —$105 billones—. ​​Conoce la maquinaria de cada Casa en el #JuegoDeVotos.

Luis Octavio Gutiérrez cesó la contratación con el cuestionado sindicato Sintrasant y realizó una auditoría interna a la antigua administración del exgerente Orlando Rodríguez, del clan Rodríguez. Casi un año después del homicidio del odontólogo, sus familiares aseguran que la investigación en la Fiscalía no avanza y se sienten solos exigiendo justicia.

Óscar Pastrana, de 35 años, murió en la Clínica Los Nogales de Bogotá en diciembre de 2020 en circunstancias que aún no han sido esclarecidas. Su deceso ocurrió después de que denunciara presuntos hechos de corrupción, cuestionables prácticas de contratación y falta de salubridad en los insumos médicos del hospital público de Caucasia. El médico sufría depresión por acoso y presiones derivadas de sus acusaciones.

La atención médica en esta zona es un cuerpo enfermo. Con contratos por 114 mil millones de pesos, el clan Rodríguez asfixió las finanzas del hospital de Caucasia, el más grande de la región, a través de la subcontratación de sindicatos y asociaciones de la salud. Este mecanismo llegó a otros cuatro municipios cercanos en un negocio millonario manejado por congresistas y gobernantes que afecta a más de 306 mil personas.

Los antecedentes del nuevo presidente del Senado de la República incluyen un negocio con dos socios de un narcotraficante, una denuncia por estafa, una disputa familiar por tierras, y el embargo de su apartamento, su sueldo y su carro.

  (23/02/2021) Por: Pablo Navarrete, colaborador de Cuestión Pública La templanza de Ángela María Robledo es —tal vez— uno de sus rasgos más característicos. Luego de haber...