(18/10/2018)
Cuestión Pública describe los casos de algunos financiadores a la campaña electoral del 2018 de la senadora Cabal, que, si bien no constituyen un presunto conflicto de interés, si parecen salir favorecidos con el proyecto de ley de la congresista del Centro Democrático, que, en últimas propone cambiar las reglas del juego en las normas que por 7 años han regido en restitución.
➤Lee Senadora Cabal con presuntos conflictos de interés para modificar ley de Tierras
“Es esa corruptela de personas que financian a alguien para que vaya al Congreso a representar sus intereses. En esos casos se nota que los congresistas están dispuestos a, por recibir esos apoyos económicos, representar esos intereses y que eso puede que esté mal visto desde el punto de vista ético políticamente, pero no alcanza a configurar un conflicto de intereses”, dijo el abogado y columnista Ramiro Bejarano al respecto.
1. Aportes San Isidro SAS. Contribución: $10 millones
El representante legal de aportes San Isidro, José Ernesto Macías Medina ha sido el empresario opositor más visible en el caso emblemático de la reclamación de tierras conocido en el país como Las Pavas, ubicada en el sur de Bolívar. Se trata de una hacienda de 3 mil hectáreas, cuyas tierras son baldíos de la Nación, que fueron ocupadas hace más de 10 años por 123 familias, que, a su vez, pertenecen a la Asociación de Campesinos de Buenos Aires (Asocab).
El caso ha tenido muchos reveses judiciales, el último es el de una sentencia del 2017 de la Corte Constitucional en la que le solicita a la autoridad de tierras del país que termine los procesos agrarios y que proceda con la solicitud a Registro de Instrumentos Públicos de la cancelación de títulos de propiedad que existían para que la adjudicación y titulación de Las Pavas a los campesinos de Asocab que la reclaman. La Corte se pronunció a raíz de una tutela que interpuso la Clínica Jurídica sobre Derecho y Territorio de la Pontificia Universidad Javeriana en 2013.
Aunque el caso sigue su curso por la vía de la justicia ordinaria y no por la Ley de de Tierras, el proyecto de la senadora Cabal influiría directamente sobre el caso Las Pavas, porque plantea no reconocer posesiones en predios cuando tal posesión se ha hecho de manera irregular. En efecto, el empresario Macías, que le aportó 10 millones de pesos a la campaña de la senadora Cabal, podría pasar de ser victimario a víctima y reclamar la tierra de Las Pavas, bajo ese orden jurídico de restitución de tierras.
En una columna publicada el año pasado, la senadora Cabal tituló el caso de Las Pavas como El raponazo de Las Pavas. Una versión propia que favorece a su financista de campaña, el señor Macías.
2. Augusto Beltrán Segrera. Contribución: $8.000.000
Beltrán Segrera aparece con un recuadro de su historia como víctima del conflicto en la página web de Fundagan, de la que la senadora Cabal fue presidenta de la junta directiva desde 2008 hasta 2013. El financista Beltrán Segrera ha sido líder activo de Fedegan y el año pasado se desempeñó como secretario del Fondo de Estabilización de Precios para el Fomento de las Exportaciones de Carne, Leche y sus Derivados (FEP). Al reconocerse víctima en Fundagan, la senadora Cabal también estaría representando los intereses de este financista en la modificación que pretende hacer a la ley de Víctimas y Restitución de Tierras.
3. Eduardo Caicedo Lourido. Contribución: $300.000
Caicedo Lourido es miembro directivo de Riopaila Castilla, la misma empresa de la que es miembro el cuñado de la senadora Caba, Rafael González Ulloa.
4. Asociación de Bananeros de Colombia, Augura. Contribución: $20.000.000
También contribuyeron a varias campañas de congresistas del Centro Democrático. La Asociación de Bananeros de Colombia Augura tiene como cara visible a Juan Camilo Restrepo Gómez, el exviceministro de Relaciones Políticas del Ministerio del Interior. En su junta directiva están las empresas C.I Banacol S.A, C.I Uniban S.A, entre otras.
En el 2016, la Comisión Intereclesial emitió un informe en la que se refería a esas empresas. Así lo documentó el portal web Verdad Abierta:
“El informe de la Comisión Intereclesial asegura que por lo menos siete comercializadoras internacionales de banano estarían involucradas en la financiación de grupos paramilitares y en la apropiación irregular de tierras de comunidades étnicas. El documento agrega que Proban, Uniban, Banacol, Banafrut, Tropical y Conserva han sido mencionadas por exparamilitares durante las versiones libres rendidas ante jueces y fiscales en aplicación a la Ley de Justicia y Paz”.
Esta es la segunda legislatura consecutiva de Cabal en el Congreso. En el 2015, siendo Representante a la Cámara realizó un debate “La otra cara de la restitución de tierras” y también tenía un financiador que tenía en curso un caso de restitución de tierras.
Para la campaña de 2014, Cabal recibió la financiación de Bananeras de Urabá, empresa de la señora Rosalba Zapata, que también afronta un proceso de restitución de tierras en donde Zapata vendría a ser la contraparte de las víctimas en el proceso.
Hay varios casos emblemáticos de reclamación de tierras en Urabá, cuyos dueños hacen parte de la Asociación de Bananeros de Colombia y a los cuales les convendría varios puntos del proyecto de ley de la senadora Cabal.
