(18/10/2018)
Cuestión Pública encontró que la senadora Cabal no manifiesta hasta ahora, ante el Congreso y los ciudadanos, tener al menos dos casos que merecen ser revisados por los legisladores que votarán a favor o en contra de dicho proyecto, y que le estarían generando presuntos conflictos de interés a la congresista para liderar las modificaciones a dicha ley. Ambos casos corresponden a dos financiadores que le aportaron dineros en su más reciente campaña electoral de 2018.
Hasta ahora son muchos los detractores del proyecto de ley que propone la senadora Cabal, que ya hace trámite en el Congreso. En palabras del exministro de Agricultura Juan Camilo Restrepo, lo que busca la senadora Cabal es “destrozar” la ley de Tierras. La Ley de Tierras ha logrado, en 7 años que lleva vigente, la restitución de más de 300 mil hectáreas a 10 mil familias, a través de 7 mil sentencias, según datos oficiales de la Unidad de Restitución de Tierras (URT).
Recordar que las proposiciones negativas son imposible probarlas ; eso es lo que quiere senadora Cabal para destrozar la ley de restitución de tierras. https://t.co/EF9jyhCfXZ
— Juan Camilo Restrepo (@RestrepoJCamilo) 14 de septiembre de 2018
Jhenifer Mojica, subdirectora de Litigio Estratégico en Restitución de Tierras de la Comisión Colombiana de Juristas (CCJ) señala los puntos que más le preocupan de dicho proyecto de ley: “Elimina las garantías que la Ley 1448 tiene a favor de las víctimas, cambia el deber del Estado de restituirles el patrimonio arrebatado por el pago de una compensación que no corresponde a los estándares del derecho internacional de los derechos humanos, imposibilita la restitución en casos donde haya desarrollos productivos en los predios como minería o agroindustria, en definitiva, quiere legalizar el despojo y limpiar las transacciones de tierras que se hicieron en Colombia a sangre y fuego”.
De acuerdo con los especialistas hay cerca de 30 modificaciones a la Ley de Restitución de Tierras.
Anexo 5 2B MARIA FERNANDA CABAL MOLINA 20181018 465 (Text)
Caso 1: Fundagan
El primer caso que analiza Cuestión Pública es el de la financiadora Gloria Nataly Delgado Pinzón, quien figura con un aporte de $1.950.000. De acuerdo con un rastreo en los registros mercantiles, la señora Delgado Pinzón aparece como la directora ejecutiva de Fundagan, fundación creada por Fedegán, cuyo presidente es José Felix Lafaurie, esposo de la senadora Cabal. Según la información del perfil en la página web de la Cámara de Representantes, Cabal fue la primera presidenta de la junta directiva de Fundagan desde 2008 hasta 2013, es decir, un año antes de llegar al Congreso por primera vez, elegida como Representante a la Cámara.
“Es un caso un poco parecido al del ministro Alberto Carrasquilla, que ella como miembro de esa fundación conoció unos casos y ahora como legisladora pretenden que tenga un trato especial o favorable” señaló el abogado y columnista Ramiro Bejarano.
Una de las misiones de Fundagan es, según su página web, “brindar asesoría gratuita a propietarios que han adquirido de buena fe sus predios y que hoy son objeto de reclamación en cumplimiento de la ley 1448”, la misión bandera de Cabal cuando era presidenta de Fundagan. La ley 1448 es la ley de Víctimas y Restitución de Tierras que hoy como senadora propone modificar.
“Es un caso un poco parecido al del ministro Alberto Carrasquilla, que ella como miembro de esa fundación conoció unos casos y ahora como legisladora pretenden que tenga un trato especial o favorable” señaló el abogado y columnista Ramiro Bejarano. Y agregó: “si las personas de esa fundación [Fundagan] que podrían resultar beneficiadas -en este caso la señora Nataly Delgado- estaba vinculada siendo ella [María Fernanda Cabal] presidente, a todas luces es evidente que allí hay un conflicto de interés grande porque ella lo que pretendería ahora con esa ley es hacer lo que estaba tratando de hacer como presidenta o como directora de esa fundación”.
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En efecto, la señora Nataly Delgado figura como contratista de Fundagan con la alcaldía de Sabanas de San Ángel Magdalena, en 2012, cuando Cabal ya figuraba como presidenta de la junta directiva de Fundagan.
El artículo Art. 291 de la ley 5 de 1992 que rige a los congresistas dice que “Todo senador o representante solicitará ser declarado impedido para conocer y participar sobre un proyecto o decisión al observar un conflicto de interés”.
Cuestión Pública tuvo acceso al registro de intereses de la congresista Cabal y no declaró su interés en Fundagan en 2014 cuando llegó por primera vez al Congreso.
Hoy estare en plenaria del Congreso en favor de victimas ganaderas. FUNDAGAN promueve Programa de acompañamiento y Memoria historica.
— María Fernanda Cabal (@MariaFdaCabal) 9 de abril de 2012
La Ley 1881 de este año añade otro posible conflicto de interés. El artículo 18 plantea: «los congresistas que dentro del año inmediatamente anterior a su elección hayan prestado servicios remunerados a gremios o personas de derecho privado sobre cuyos intereses o negocios incidan directamente actos que se encuentren al estudio del Congreso, deberán comunicarlo por escrito a la Mesa Directiva de la respectiva Corporación para que, decida si los Congresistas aludidos deben abstenerse de participar en el trámite y votación de dichos actos».
Caso 2: cuñado y socio
El segundo caso es el de su cuñado Rafael González Ulloa, quien le aportó a $10.000.000 a su campaña en 2018. González Ulloa fue el socio que denunció ante el extinto Incoder, hoy Agencia de Desarrollo Rural, los presuntos negocios irregulares que la empresa Riopaila Castilla estaba haciendo con los baldíos de la Nación en Vichada. En ese escándalo se le reprochó a Riopaila que adquirió y concentró más de 41 mil hectáreas de tierra, mucho más de una Unidad Agrícola Familiar (UAF), que es lo permitido en Colombia, a través de 27 sociedades españolas y un holding ubicado en Luxemburgo.
Cuestión Pública encontró que la senadora Cabal y su cuñado González Ulloa comparten cargos de directivos en la empresa Salamina Investment y en la Fundación Kappa Pi, ambas domiciliadas en Panamá. Es decir que su financista es el cuñado, también el socio de la senadora en una empresa panameña y directivo en Riopaila Castilla, una de las empresas más cuestionadas por haber acumulado baldíos de la Nación en operaciones non sanctas, con intereses sobre la legislación del tema tierras.
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“Un conflicto de intereses significa que una persona no tenga la autonomía para intervenir en un asunto porque ese asunto le favorece a él personalmente o favorece al cónyuge a personas hasta el cuarto grado de consanguinidad y al cuñado de ella, en ese evento sí se configuraría el conflicto de intereses”, señaló el abogado Bejarano.
Hoy hay una audiencia en la comisión I del Senado y fue convocada por la misma senadora Cabal, quien hasta el momento no ha manifestado impedimento alguno ni intereses en el tema. Es el Congreso, en primera instancia, el que debe analizar los casos y tomar decisiones al respecto. Cuestión Pública consultó el tema con la congresista Cabal y está en espera de sus comentarios o aclaraciones. Una vez lleguen, los incluiremos en la nota.
