El fallo del Consejo

de Estado que dejó

en pie la elección

del alcalde de Pereira
Un fallo de segunda instancia del Consejo
de Estado dejó sin piso otra decisión que
anulaba la elección de Carlos Maya como
alcalde de Pereira y pone en calzas prietas
al denunciante. La decisión impone nuevas
barreras a quienes quieran denunciar
actos irregulares o de corrupción.

 

(18/02/2021)

La decisión del Consejo de Estado, tomada el 21 de enero de 2021, le devolvió sus credenciales como alcalde de Pereira a Carlos Alberto Maya, pero en este giro jurídico hay más cosas de fondo. Para llegar a esta decisión los magistrados de la Sección Quinta del Consejo de Estado, declararon ilegal una grabación, hecha por uno de los testigos y realizada en un despacho público, la oficina del entonces alcalde Juan Pablo Gallo. Los consejeros definieron la oficina del alcalde como un espacio “semiprivado”,  y según su juicio, para que la grabación hubiese  sido aceptada como prueba, debía contar con el permiso del funcionario al que se estaba grabando.

En el fallo anterior del Tribunal Administrativo de Risaralda, emitido el  primero de septiembre de 2020, los magistrados determinaron que que hubo violación a la libertad de voto y “actividad proselitista al interior de la Alcaldía de Pereira”, durante las pasadas elecciones locales de 2019.

El proceso se inició con una demanda de nulidad electoral, interpuesta por los abogados Catalina Ocampo Morales y Emerson Edilberto Jaimes en diciembre de 2019. Los demandantes adjuntaron grabaciones en audio y video, fotografías y el testimonio del contratista Luis Carlos Rúa, testigo estrella en este proceso, quien aseguró que al interior de la administración del exalcalde liberal Juan Pablo Gallo se había puesto en marcha una estructura a favor del candidato, del mismo partido, Carlos Alberto Maya.

El delito, según los magistrados de Risaralda, se habría configurado por el uso de un software llamado Kontacto, hechos que fueron revelados por Cuestión Pública. Los magistrados encontraron que la herramienta tecnológica les habría permitido a  funcionarios de la alcaldía influenciar a personas inscritas en la aplicación, con el objetivo de ampliar el número de votantes a favor del entonces candidato y actual alcalde Maya.

El delito, según los magistrados de Risaralda, se habría configurado por el uso de un software llamado Kontacto. Esa herramienta habría permitido ampliar el número de votantes a favor del actual alcalde Carlos Maya.

Por estos hechos la Procuraduría  suspendió provisionalmente al exalcalde de Pereira, Juan Pablo Gallo por tres meses por presunta  participación indebida en política.

Para apelar la decisión del Tribunal Administrativo de Risaralda ante el Consejo de Estado, el alcalde Maya cambió de apoderado y contrató a Gustavo Eduardo Gómez Aranguren, expresidente del Consejo de Estado, quien estuvo siete años en la Alta Corte.

¿Qué es Kontacto?

Kontacto es una aplicación móvil que debía ser instalada en los móviles de contratistas y funcionarios de la Alcaldía de Pereira durante los comicios de 2019. Cada uno de ellos debía incluir los datos de por lo menos 30 referidos que, según asegura el testigo estrella en este caso Luis Carlos Rúa, debían ser convencidos para que votaran por el candidato del partido Liberal Carlos Maya. 

Se presume que en Kontacto estaban inscritos los datos de cerca de 54 mil votantes, con información sobre sus puestos de votación e información personal sensible como su dirección, nombre, documento de identidad y teléfono, que fueron agregados presuntamente sin el consentimiento de muchas de estas personas.

Lee aquí ‘Kontacto, la nueva máquina electoral de hacer votos’; la primera investigación de Cuestión Pública sobre la app

La decisión del Consejo de Estado

El caso Kontacto se destapó cuando Luis Carlos Rúa, excontratista de la administración del exalcalde Gallo en Pereira, aseguró haber sido constreñido por el exalcalde y algunos de sus subalternos para  incluir “referidos” en la aplicación Kontacto.

Además de su testimonio -que fue tenido en cuenta por los magistrados del Tribunal de Risaralda-, el testigo Rúa aportó como prueba una grabación que en su momento fue revelada por Caracol Radio y sirvió de fundamento para que la Procuraduría suspendiera al exalcalde Gallo. 

La grabación fue hecha por el testigo Rúa el 24 de septiembre de 2019, según él, para tener una prueba de los hechos que pretendía denunciar. La conversación tuvo lugar en el despacho del exalcalde Gallo y en ella se escucha cómo el mandatario inquiere a  Rúa por no incluir referidos en la aplicación Kontacto.

Mientras que los magistrados del Tribunal Administrativo de Risaralda le  dieron crédito al audio presentado por Rúa, y que la Procuraduría lo utilizó en el proceso de suspensión de Gallo,  para los magistrados del Consejo de Estado su valor probatorio era nulo: “El audio no goza de muy buena calidad y, por ello, […] no resulta sencillo extraer con claridad los detalles de la conversación que sostienen las dos personas cuyas voces se registran.”

Para los magistrados, la grabación no tenía valor como prueba porque Rúa había grabado al entonces alcalde Gallo sin su permiso.

Los Consejeros identificaron a Rúa como la ‘voz número dos’, pero no establecieron la identidad de su interlocutor. Así se expuso el argumento en el documento: “Se dice que [la ‘voz número uno’] es el exalcalde de Pereira, Juan Pablo Gallo, así lo afirma también el testigo, pero se carece de cualquier prueba que permita aseverarlo categóricamente.”

Quizá los magistrados de la sección Quinta del Consejo de Estado no conocían la transmisión en vivo, hecha por Facebook en octubre de 2019, en la que Juan Pablo Gallo admitió que esa era su voz. 

Para los magistrados, la grabación además no tenía valor como prueba porque Rúa había grabado al entonces alcalde Gallo sin su permiso: “Para la Sala, su valor probatorio es nulo porque, del mismo relato del autor se obtiene que fue obtenido de manera ilícita, en tanto no contó con el consentimiento de la otra persona involucrada en la conversación, lo cual entraña una vulneración del derecho a la intimidad de la persona concernida”.

Y aunque la grabación fue hecha en el despacho de la Alcaldía de Pereira, los consejeros consideraron que este se trata de un espacio semiprivado. “Bajo esas consideraciones, una grabación obtenida sin consentimiento de uno de los implicados, en lo que supone es el espacio semi-privado del despacho del entonces alcalde, en el ámbito de una conversación presuntamente reservada, no podría traerse como prueba a este proceso de nulidad electoral”.

Aunque hay jurisprudencia que determina que quien se considere víctima de un delito puede hacer grabaciones para  demostrarlo, los magistrados de la sección Quinta del Consejo de Estado, consideraron que esto no era aplicable a la grabación hecha por el testigo Rúa pues “no revela con claridad la existencia de una conducta punible que ameritara sobrepasar los límites del derecho a la intimidad de quien fue grabado sin mediar su autorización o la de una autoridad judicial”.

Para abogados penalistas consultados por Cuestión Pública, el fallo de los magistrados de la Sección Quinta del Consejo de Estado representa un antecedente “bastante peligroso”, por las talanqueras que quedarían establecidas a quienes quieran denunciar hechos de corrupción, e insistieron que un individuo está en el derecho de grabar una situación en la que esté involucrado. “Es la oficina de un funcionario público, así tenga el letrero de que no se pueden entrar celulares, no puede ser considerada como ilícita la grabación”, dijo Iván Cancino uno de los penalistas consultados por este medio.

Kontacto, el gran hermano

La aplicación Kontacto albergó información personal y de las circunscripciones electorales de al menos 54 mil personas en el Área Metropolitana de Pereira, tal y como revelamos en octubre de 2019.

En el proceso contra la elección de Maya, el actual alcalde le dijo a los investigadores que el señor Jhonny Castaño  Muñoz, creador de Kontacto,  no había sido ni era contratista en la alcaldía de Pereira. Así quedó consignado en el fallo del Consejo de Estado:

Sin embargo, al hacer una revisión en el portal de contratación pública Secop este medio encontró que Castaño figura como representante legal de la empresa Trans Life S.A.S en siete contratos con la Alcaldía de Pereira y la empresa de aseo de ese municipio. 

Seis de ellos fueron adjudicados durante la administración del exalcalde Juan Pablo Gallo (2016-2019), que suman $287 millones. El otro proceso se celebró en 2020, durante la administración del actual alcalde Maya por $22 millones.

En 2016 a Trans Life, representada por Jhonny Castaño, se le adjudicó un proceso de mínima cuantia por $44.350.000 que habría tenido como objetivo la instalación y puesta en marcha de una aplicación llamada Sondeox, un sistema de recolección de información durante la administración del suspendido exalcalde Juan Pablo Gallo.

Qurium, una organización de la sociedad civil sueca dedicada al alojamiento seguro y a la defensa de los derechos digitales, encontró que Sondeox y Kontacto tenían la misma estructura y había similitudes en el código interno de ambas aplicaciones. 

Además en el informe de ingresos y gastos de campaña reportado por el entonces candidato Maya ante el Consejo Nacional Electoral (CNE) el 27 de octubre de 2019, están registrados dos pagos a Jhonny Castaño Muñoz: el primero por concepto de ‘servicio de una plataforma digital por $4.990.100; y el segundo por ‘servicio de telefonía e internet’, por $5.009.900.

La ley para los de RÚAna

La suerte parece estar cambiando para el ciudadano que se atrevió a denunciar y a documentar su denuncia. Al chat de Rúa han llegado mensajes advirtiéndole de una posible andanada jurídica que se avecina en su contra. “Lo que están tratando es como de que yo tuerza el testimonio, que lo cambie para salvarle la candidatura al Senado a Juan Pablo Gallo, que es la apuesta de (César) Gaviria inclusive”, aseguró Rúa. 

El pasado 23 de enero (dos días después del fallo que dejó en firme la alcaldía de Carlos Maya) James Amaya Alvarán, presentador del programa digital Tiro al Blanco, llamó por su nombre a Luis Carlos Rúa y dijo: “Si usted está solo, defiéndase solo, porque lo que se viene es bastante maluco. El Consejo de Estado, en los considerandos dice lo siguiente, oído, dice que la grabación es ilícita, no lo estoy diciendo yo, está escrito en el Consejo de Estado en la sentencia que recién acaba de salir el pasado viernes [21 de enero] con eso sería otro delito más que a usted se le vendría…”

La suerte parece estar cambiando para el ciudadano que se atrevió a denunciar y a documentar su denuncia. A su chat han llegado mensajes advirtiéndole de una posible andanada jurídica que se avecina en su contra.

El presentador Alvarán, quien le augura una avalancha de demandas al testigo Rúa, aparece relacionado en un informe del  periodico La Patria de 2017 señalado de hacer parte de un grupo de periodistas beneficiados con contratos entregados de manera irregular durante el mandato del exalcalde de Pereira Enrique Vásquez. 

Consultado por Cuestión Pública, Amaya negó que hubiese habido una investigación en su contra y que por ende nunca fue capturado, pero no solicitó rectificación ni aclaración de la noticia.

¿Qué estaba en juego?

El 24 de octubre de 2019, un día después de que la Procuraduría suspendiera  al exalcalde de Pereira Juan Pablo Gallo por participación indebida en política, el expresidente César Gaviria, por medio de un comunicado le hizo un reclamo al entonces Procurador  Fernando Carrillo, calificando de arbitraria la decisión del Ministerio Público en contra de Gallo.                                                                           

Juan Pablo Gallo aspiraría al Senado en las elecciones legislativas de 2022. Fuentes de la región consultadas por Cuestión Pública, aseguran que Gallo podría estar en el listado de presidenciables del partido Liberal para 2026.

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