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Por: Gerald Bermúdez
Hacerlo, es decir desmontarla, no es solo un golpe a los anhelos de más de medio país de ver a Colombia en paz, sino que supone todo un desgaste burocrático y derroche fiscal. Tanto es así que el dinero del fondo paz se comenzó a usar en campañas comunicativas y de imagen del mismo Duque, algo que la Contraloría ha dicho que es inconveniente.
Las repercusiones de este desmonte y falta de voluntad son una serie de desastres y catástrofes en lo que a presencia del Estado en la ruralidad se refiere (aunque ya empieza a ser notorio en ciudades como Cali). Primero fueron los cocaleros los que sintieron el frenazo de la implementación de lo acordado. Bajo el sofisma manido de que fumigar los campos con glifosato es la garantía de que los gringos dejen de recibir cocaína en las bandejas y espejos en donde aspiran líneas kilométricas, el gobierno Duque comenzó una ofensiva tendiente a que la decisión del Consejo de Estado sea reversada y se pueda volver a asperjar el veneno cancerígeno desde el aire.
Como no se ha podido reactivar esta práctica se le puso el acelerador a los operativos de erradicación manual al costo que sea. Y ese costo ha sido una serie de muertes de campesinos cocaleros por parte del ejército que llega a erradicar, las amenazas a varios líderes campesinos y las luchas entre grupos armados por el control de las rutas de narcotráfico. El Punto 4 de lo acordado en La Habana y firmado en el Teatro Colón de Bogotá, contemplaba una serie de medidas para generar un cambio en el campo al darles alternativas a los campesinos y raspachines que dependen de la economía cocalera. Igualmente buscaba que los consumidores fueran tratados como tales y no como delincuentes.
En segundo lugar, la falta de voluntad en la implementación de la Reforma Rural Integral ha traído como consecuencia que la precarización de la vida campesina sea cada vez más marcada y el abandono de los territorios antes controlados por las FARC y que podían ser transformados ha llevado a que diferentes grupos armados se disputen estos territorios. Es tan monstruoso y catastrófico el abandono territorial que entre 2019 y 2020 se han presentado 76 masacres, según datos de la Oficina del Alto Comisionado de DDHH de la ONU. Solo en lo que va corrido de este año se han presentado más masacres que en todo el 2019 y no se daba una situación así desde 2014. El argumento usado por el Mindefensa es que son bandas de narcotraficantes o situaciones por esclarecer, a pesar de que las últimas masacres registradas involucran menores de edad exclusivamente.
Para no traicionar su herencia contrafactual y negacionista, que empezara con los malabares idiomáticos de José Obdulio Gaviria cambiando “conflicto armado” por “guerra contra el terrorismo” y “desplazamiento forzado” por “migración interna”; el gobierno Duque representado por Carlos Holmes Trujillo, Miguel Ceballos y el mismo presidente se ha empeñado en señalar que las masacres no existen. Se amparan en un oscuro manual operativo de las fuerzas armadas colombianas y saltándose los conceptos contenidos en el DIH y el DIDH, han salido a decir que “Masacre es un término coloquial y usado por el periodismo” y que las “masacres solo ocurren si hay civiles indefensos de por medio”. Proponen usar el término “asesinato colectivo”, contando con la anuencia de varios medios de comunicación. No contentos con no hacer nada por proteger a las comunidades se ufanan de ni siquiera reconocer el desgreñe que vive el país.
Además de lo anterior, el asesinato de líderes sociales no ha cesado y ahora diariamente las noticias de los homicidios que, según los sucesivos ministros del Interior, no son “sistemáticos”, van acompañadas de las masacres diarias. En lo que va corrido de este año 185 de ellos han sido asesinados, de acuerdo a las cifras que maneja Indepaz.
Las cifras son contundentes, organismos como la ONU han instado al gobierno Duque a que cumpla con la implementación de lo acordado. Como respuesta solo hay anuncios rimbombantes de que se está cumpliendo la agenda. Por ejemplo, Emilio Archila, el funcionario que debe velar porque se cumpla esa implementación, dijo sin sonrojarse “En el cumplimiento del acuerdo [de paz con las FARC] vamos como un cañón”.
Todo lo anterior atravesado por la Pandemia de Covid 19. Esta emergencia global que supondría la oportunidad para mostrar el talante de un mandatario; la posibilidad de reacomodar las relaciones del Estado con las capas más vulnerables de la sociedad; la posibilidad de tomar decisiones que lograran darle seguridad a la ciudadanía, solo ha servido en Colombia para que Iván Duque tenga un programa diario en televisión abierta y privada (sin que se informe el costo del minuto) en el que más allá de mostrar muñecos de cartulina y decir obviedades nada significativo ha pasado.
O, mejor dicho, sí ha pasado; quedó claro que la banca privada es el principal sector al que se le pone atención en una emergencia sanitaria en este país; quedó claro que en la cabeza de los que planean la política económica de este país, menos de 200 mil pesos es una renta básica para un hogar vulnerable. Quedó absolutamente claro que, sin FARC en pie de guerra, sin protestas en las calles, y con la pandemia dilatada en el tiempo la manera de gobernar a Colombia es un reproche a los enemigos invisibles así toque inventarlos a última hora, no importa que sea la Corte Suprema de Justicia colombiana.
Con las UCI llenas, el campo anegado en sangre cada vez más joven, el partido de gobierno dinamitando el poder judicial, el desempleo rampante y el hambre acechando a más de la mitad de la población colombiana tal vez deberíamos seguir el ejemplo de Iván Duque y evadir la realidad yendo a ver cómo lavan un avión que acaba de aterrizar en Medellín.
*La Tribuna es el espacio de columnas de pensamiento de nuestros analistas y expertos en Cuestión Pública. Sus contenidos no comprometen al medio.
