Capítulo 1. Dos facturas y un informe de inteligencia firmado por el General Mario Montoya
El expediente del Parqueadero Padilla, en el que hace veinticinco años se hallaron las finanzas de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Urabá (ACCU), condujo a #CuestiónPública a una paradoja temporal de pruebas inéditas del testigo estrella del actual Caso Uribe.
(30/06/2023)
Entre el 20 y el 21 de febrero de 2023 se jugó la suerte jurídica del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Por esos días ingresaron las pruebas inéditas de alias Guachaco en la última etapa de audiencias que determinó, por segunda vez, la no preclusión del proceso abierto por la Corte Suprema de Justicia en el año 2018. Aquel en el que el otrora poderoso presidente está imputado por soborno y fraude procesal. Las audiencias se vivieron en digital. Uno de los abogados tenía en su poder las pruebas que patearon el tablero. Cuestión Pública se las había pasado en enero. Pero tenemos más. Tenemos unos beepers. Tenemos el cotejo de esas pruebas con el propio Monsalve en La Picota.
«¿Testigo de qué?, ¡testigo de nada!», se mofó Granados al cierre de esta segunda etapa, previo al pronunciamiento de la jueza 41, Laura Barrera.
En el mundo virtual, los integrantes aparecieron en cuadros. De un lado se observaba a la Fiscalía General de la Nación y del otro, la batería de Jaimes: los abogados más portentosos del país: Jaime Granados y Jaime Lombana. Se enfrentaron en muchos casos en el pasado, pero Uribe logró unirlos para su defensa. Habría sido el trío perfecto si el fiscal Gabriel Jaimes hubiese continuado en el proceso. Pero cambió. Para esta segunda solicitud de preclusión actuó Javier Cárdenas, quien representó a la entidad investigativa que solicitó la preclusión la primera vez, y también la segunda. Uno de sus dos argumentos «jurídicamente relevantes» para sostener la necesidad del cierre de este caso desde el principio: el testigo estrella, Juan Guillermo Monsalve, no perteneció al Bloque Metro. Nunca fue paramilitar. Ergo, no se puede sostener dicho proceso en alguien que ha mentido para obtener prebendas en la cárcel. «¿Testigo de qué?, ¡testigo de nada!», se mofó Granados al cierre de esta segunda etapa, previo al pronunciamiento de la jueza 41, Laura Barrera. Palabras más, palabras menos: la Corte Suprema se equivocó en su argumento jurídico para imputar al señor Uribe Vélez. Por tanto, dicho proceso no tiene ni pies ni cabeza. De ahí la solicitud de cierre.
El proceso en mención tiene un largo trasegar que comenzó en 2012 cuando el expresidente Álvaro Uribe Vélez pidió investigar al congresista Iván Cepeda por injuria y calumnia, entre otros delitos. La verdad en disputa estaba relacionada con el testimonio de dos paramilitares privados de la libertad: alias Cacique Pipintá o Alberto Guerrero (Pablo Hernán Sierra) y Guacharaco (Juan Guillermo Monsalve). Monsalve era una verdadera perla: es el hijo del mayordomo de la hacienda Guacharacas. Ambos, recabados por el congresista Iván Cepeda dentro de una misión constitucional que le había otorgado el Congreso en 2010. Esta consistía en revisar y advertir la situación en las cárceles por falta del cumplimiento de los derechos humanos por parte del Estado colombiano. Según ellos, en entrevista con Cepeda, el Bloque Metro de las autodefensas tuvo origen en la finca Guacharacas, cuando estaba en propiedad de la familia del expresidente Uribe Vélez. Las aseveraciones fueron replicadas por el congresista Cepeda a finales de 2011 en uno de los periódicos más importantes del país, lo que dio origen a la denuncia de Uribe contra Cepeda en la Corte Suprema de Justicia (la de 2012).
En su etapa final, que culminó el 16 de febrero de 2018, con una preclusión para Cepeda por parte de la Alta Corte, tuvo un giro inesperado. En plena semana de recusación, la Corte encontró que el expresidente, valiéndose del abogado Diego Cadena, varios exparamilitares y un congresista, buscó voltear el testimonio de Juan Guillermo Monsalve. Sin éxito, sus aliados emprendieron la búsqueda de otros testimonios de paramilitares recluidos que acusaban a Cepeda de buscarlos para atestiguar en su contra a cambio de dinero o favores. Estos hallazgos le dieron la suficiente fuerza procesal a la Corte para abrirle una investigación por soborno y fraude procesal. En el año 2020 fue imputado oficialmente. Este renunció al Congreso. El proceso pasó a la Fiscalía, entidad que ha buscado en dos ocasiones la preclusión.
De vuelta a la audiencia digital, estaba el lado de la batería de abogados que, por crímenes de Estado, interceptaciones ilegales —que aquí llamamos chuzadas—, paramilitarismo. Estos son: 1) Reinaldo Villalba, 2) el exfiscal general, Eduardo Montealegre, 3) el vicefiscal, Jorge Perdomo y 4) Miguel Ángel del Río, abogado que se sumó como representante de la víctima Deyanira Gómez, expareja del testigo estrella con un papel protagónico en la consecución de pruebas cuando el caso estuvo en la Corte Suprema. Hoy está exiliada porque su vida corre peligro.
«Ahí está su señoría, Juan Guillermo Monsalve sí era miembro de las autodefensas y sí tenía la posibilidad, alias Guacharaco, de testificar y reconocer de manera directa la presencia del señor Álvaro Uribe Vélez y de todos los miembros y de estas personas que aparecieron en el Bloque Metro», dijo el abogado Del Río aquel 20 de febrero en plena audiencia cuando tomó su separado, hace años le hace la contra al uribismo desde casos emblemáticos tipo falsos positivos, turno. Convencido. Porque las pruebas que tenía en su poder tenían una contundencia especial. Venían de un archivo en posesión de la Fiscalía. La misma entidad de la justicia que pidió la preclusión. La misma que sostiene que Guacharaco no fue paramilitar. Un archivo de hace veinticinco años que contiene las finanzas de las ACCU. Uno olvidado, engavetado. El radicado 34.986. ¿Cómo sucedió?
He aquí la paradoja temporal. Dentro estuvieron —desde siempre— las pruebas de alias Guacharaco que desmienten a la Fiscalía. Cuestión Pública llegó al expediente 34.986 en 2022. Trabajamos en la investigación de este caso desde hace más tiempo. En el filtro de nodos de la investigación, una búsqueda que hicimos con inteligencia artificial, al fin se decantaron las pruebas tras intentarlo en varias trazas. Un mes después de la búsqueda, sin descanso, se encontraron dos facturas. Un formato Minerva diligenciado a mano, la «Nómina para pago de sueldos». Otra sistematizada en computador, dentro de una amplia contabilidad. En la primera, Guacharaco aparece junto con alias Panadero, reconocido miembro del Bloque Metro, abatido —según una noticia de El Tiempo—. No obstante, en la entrevista que Cuestión Pública le hizo a Juan Guillermo Monsalve dirá que eso es mentira (Capítulo 3). Que fue el propio Bloque el que le hizo un juicio y lo mató, que el Ejército se apropió de ese falso positivo.
Esa misma factura tiene una huella de fax que da indicios de fecha: 13/03/98. En la primera columna constaba por «sueldo básico» la suma de $250.000. El salario mínimo de la época era de $203.000, lo que debió representar una dura competencia para el Estado colombiano. La guerra se llevaba a los jóvenes tras el brillo de El Dorado para formar parte de sus paraejércitos. Le seguía el «Total devengado». En «Deducciones» tenía anotado $50.000. En el «Neto pagado», $200.000.
La segunda factura resultó interesante. Estaba dentro de un informe que presentó la fiscal encargada de analizar los disquetes decomisados en el Parqueadero Padilla, uno por uno, lo cual quiere decir que la información fue digitada directamente por aquella oficina de las ACCU en 1998. Esta relación fue entregada por la fiscal el 18 de noviembre de 1998 al entonces fiscal coordinador de la Unidad de Terrorismo. Cuestión Pública encontró a Guacharaco entre la Caja No. 2, el disquete No. 22. El documento digitalizado contaba con ocho columnas: 1) sueldo devengado: $250.000, 2) ahorros: $250.000, 3) noviembre: $200.000, 4) diciembre: $200.000, 5) prima: $125.000, 6) enero: $200.000, 7) febrero: $200.000 y 8) marzo: $200.000.
La tercera prueba resultó de carácter fehaciente: un informe de inteligencia de mayo de 1998. Es la respuesta a un requerimiento por quien en ese entonces era el jefe de la Unidad Nacional de Derechos Humanos de la Fiscalía. En la lista donde relacionaron a todos los alias de los grupos de delincuencia organizada en el país, empezaron por la región del Urabá Antioqueño. En primer lugar aparecía Carlos Castaño Gil, como «cabecilla principal» y la cerraba Guacharacho. El documento está firmado por el general (r) Mario Montoya, quien dejó la rúbrica bajo el cargo de director de Inteligencia del Ejército. Cuando Uribe Vélez saltó a la presidencia en 2002 fue su comandante del Ejército.
Pie de foto: Informe de inteligencia en el que relacionan a alias Guacharaco, firmado por el General Mario Montoya, entonces Director de Inteligencia del Ejército.
Los tres documentos estaban inmersos en el conocido expediente como Parqueadero Padilla: el segundo piso de un estacionamiento de autos ubicado a tres minutos del Palacio de Justicia La Alpujarra, en Medellín. Lugar donde funcionó la oficina que llevaba las finanzas de las Autodefensas Campesinas de Córdoba y Antioquia (ACCU). El caso nació el 30 de abril de 1998, cuando se produjo el allanamiento del sitio por parte de un grupo de fiscales y miembros del Cuerpo Técnico de Investigaciones (CTI) de Antioquia, bajo el liderazgo de Gregorio Oviedo, reconocido por resolver el caso de la niña Caldas y el fiscal regional de entonces, Iván Velásquez. Allí se encontraron las finanzas de este grupo paramilitar en decenas de disquetes, cientos de cheques físicos entre los que figuraban empresarios, ganaderos. En aquella oficina estaba Jacinto Alberto Soto Toro, alias Lucas, el jefe financiero. «Lucas era el segundo de Carlos [Castaño], era de su entraña; la captura de Lucas fue para la organización un golpe y para Carlos, que dijo: “Se saca como sea”», comentó Velásquez veinticinco años después a este medio.
Pie de foto: Acta de allanamiento del Parqueadero Padilla el 30 de abril de 1998
Lucas, en efecto, fue capturado. Pocos meses después se fugó con una falsa boleta de libertad. Hoy está detenido en La Picota por procesos referentes a su participación en las ACCU. «Hubo un operativo previo que nosotros hicimos el 30 de abril en la mañana. Interceptamos una comunicación donde decían que “un campero azul va hacia Sopetrán”.Yo no tuve tiempo ni siquiera de montar operativo, fueron dos muchachos en una moto, dos investigadores. Cuando, ¡oh, sorpresa! Dentro del campero iban tres tipos, uno que se llama José Alberto Cadavid, era uno de los comandantes militares propios del paramilitarismo, un oficial retirado del Ejército», recordó Oviedo, quien también comentó que en ese primer retén, los investigadores del CTI encontraron uniformes camuflados del Ejército, armas, municiones, siete millones de pesos en efectivo. La dirección del Padilla la tenían en el CTI de Antioquia desde diciembre de 1997. Capturar a Cadavid les aceleró la idea de allanar aquel lugar. Oviedo fue hasta el despacho de Velásquez y este le autorizó el operativo. Fueron más de cien personas entre miembros del CTI, policía, fiscales. Acordonaron el sitio. Les cayó la ley.
Pie de foto: Galería de fotos. Vista del Palacio de Justicia La Alpujarra, de Medellín, desde el Parqueadero Padilla.
Fuimos hasta el Parqueadero Padilla con Paul Jaramillo, exfiscal 61 regional, quien hizo el allanamiento con Oviedo: «Además de que era como una casa grande, el segundo piso estaba ocupado. No veíamos nada y mientras Oviedo se quedó en la sala, me fui hasta uno de los cuartos, vi el escritorio solo, lo toqué por debajo, era de madera y ahí mismo plum, ¡pa!, cayó como si tuviera ahí algo ¡pa!, cayó y me salieron por ahí unas cinco carpetas de oficio y cuando veo era la estructura orgánica, administrativa y financiera de las ACCU… ¡Oh, Dios mío! Ahí mismo, pues, cogí a Lucas. Le apreté las esposas: “queda detenido en nombre de la ley”. También a las otras muchachas, nos llevamos todo lo que había ahí, ¡todo!, arrasamos con lo que había ahí: las carpetas, los cuadernos, los computadores, todo, disquetes de tres y media en esa época, nos fuimos para La Alpujarra, que estaba casi al frente. Fui hasta el piso 21, le entregué a Iván Velásquez eso. Le ofrecí un puro de una caja de tabacos que tenía para una ocasión especial. No lo recibió».
El destino del expediente
El proceso estuvo en trescientas sesenta cajas en Itagüí, muy cerca a Medellín, según uno de los fiscales que consultamos. Tenía una nomenclatura propia del tema de archivo; aun así, era complicado, según relató uno de los fiscales que más ha trabajado el tema del Parqueadero Padilla en la última década. (Pidió reserva de su nombre. Se la concedimos). Porque tuvo tanta —¡pero tanta!— documentación relacionada con los incidentes que comenzaron con el embargo de las cuentas. Por ejemplo, «Coltejer» fue una de las carpetas que se llenó de papeles porque pidieron los extractos de los últimos tiempos. «Y bueno, hay información que se borra con el tiempo», expresó. Porque la tinta se difumina del papel de fax de los noventa y porque a todo el expediente le han dado mordiscos que lo tienen roído», comentó el fiscal.
De ahí, las cajas pasaron a ser casi noventa cuadernos. Más de doscientos anexos. Además de algunas carpetas con radicados complementarios. Lo que hoy subsiste es un gigante cuerpo de documentos desmembrados. Ese es el 34.986. Al parecer le robaron información clave, pero aún contiene trazas para descifrar el presente. De ahí en adelante, el terremoto parece activarse cada vez que un equipo de investigadores decide meterle el diente a las investigaciones. O cuando algo de lo que ahí reposa adquiere relevancia. Durante casi todo el cuarto de este siglo ha sido inspeccionado por quien haya tenido que ver con paramilitarismo en Antioquia. «Se ha perdido demasiada información; de hecho, ese grupo de investigadores fue tan juicioso que dejó constancia de que los cheques tales y tales, físicamente, o sea, el original ya no existía y de hecho no existen los cheques originales». Lo tabularon, le dieron un orden. Aunque cada vez se mimetiza con números distintos de radicados, de nuevo se pierde información. Es un laberinto que, cuando se organiza, tiende a buscar el caos. Según el fiscal, esto obedece a que es un archivo huérfano. Se archivó en 2002 para dormir el sueño de la bella durmiente hasta hoy, cuando el testigo estrella del caso fue encontrado como aguja en un pajar.
La entrega a Miguel Ángel del Río
Cuestión Pública se encontró con el abogado Miguel Ángel del Río para llegar a alias Guacharaco, a quien necesitábamos entrevistar para preguntarle por las pruebas encontradas en la investigación inédita que adelantamos. La que saldrá en libro. Solo después de contrastar dicho material con el testigo estrella procedimos a entregárselas. En diciembre le informamos que las teníamos, pero solo se las dimos en los albores de las audiencias, cuando el cotejo de la información llegó al ciento por ciento.
Del Río se dirigió a la jueza 41 Penal del Circuito con Función de Conocimiento. Se trataba de dos facturas y un informe del Ejército Nacional. Este último, firmado por el entonces jefe de inteligencia, coronel Mario Montoya, en el que se prueba la pertenencia de alias Guacharaco al grupo paramilitar de la región del Urabá antioqueño. «porque, valga la pena advertir, su señoría, que hay declaraciones que advierten quién es alias Guacharaco». Y con estas palabras, el abogado argumentó basado en las tres pruebas, uno de los hechos jurídicamente relevantes en disputa por la Fiscalía General de la Nación y por los abogados defensores del expresidente.
El 23 de mayo de 2023, los tres documentos fueron reconocidos por la jueza 41 en las audiencias finales, cuando informó su decisión de no precluir el caso. Advirtió que al existir duda razonable en el caso de si Guacharaco fue o no miembro del Bloque Metro deberá resolverse en juicio. Razón que, a su vez, empujó la decisión de no precluir.
