lunes, julio 22, 2024
Hace algunas semanas encontré una vacante para el trabajo de mis sueños. Para aplicar a esta, entre otros requisitos, me pedían presentar un trabajo escrito sobre la situación de los derechos humanos de las mujeres. Como soy una socióloga del territorio, pensé escribir algo sobre la vulnerabilidad para las mujeres en Colombia y cómo esta se distribuye desigualmente en el territorio nacional.
Cuestión Pública consultó a la periodista Claudia Julieta Duque sobre la actuación de la fuerza pública el pasado 19 de mayo, en Cali, cuando los habitantes del sector Calipso denunciaron por redes sociales que el almacén Éxito habría sido usado como un centro de tortura por parte de la Policía. Para la publicación de esta tribuna, su respuesta a este medio recibió un tratamiento de edición de estilo y se agregaron algunos datos de contexto.
Luego de las explosivas declaraciones de Nicolás Petro en el marco del proceso que adelanta la Fiscalía General de la Nación contra él y su exesposa Daysuris Vásquez, por delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos, entre otros, surgen varias preguntas sobre cuál puede ser el desenlace jurídico y político, ahora que ha señalado que parte de los dineros recibidos para su propio beneficio, habrían ingresado a la campaña de su padre, el entonces candidato y hoy presidente de la república, Gustavo Petro.
Más de 20 días de paro han evidenciado que hay una profunda grieta entre la ciudadanía y la fuerza pública. Los primeros, victimizados por el actuar de los uniformados, se sienten irrespetados y desconocidos; los segundos asumen que deben ser tratados como víctimas de los manifestantes.
Si me lo preguntan resumiría los dos primeros años de Iván Duque en la presidencia como un periodo de tiempo en el que se desmontó toda una política de Estado, haciéndola pasar como un capricho del anterior mandatario. Esa política de Estado es la implementación de los acuerdos de paz con la extinta guerrilla de las FARC.
A las improvisaciones, malas decisiones y actos cuestionados y cuestionables la vicepresidenta suma la falta de respeto para quiénes han sufrido la cuarentena de la manera más indigna. 
Desde el 28 de abril de 2021 Colombia atraviesa una compleja situación de explosión social a distintos niveles. Cuando escribo estas líneas, a mediados de junio, miles de colombianos siguen saliendo a diario a las calles de distintas ciudades y municipios del país a manifestarse, entre muchas otras cosas, contra las reformas propuestas del gobierno, reformas que han ido “cayendo” por la fuerza de la multitud que ha copado las calles, plazas y barrios del país exponiendo su vida frente a la respuesta represiva, y a todas luces violatoria de los derechos humanos y las convenciones del uso de la fuerza por parte del Estado.
Uno podría sorprenderse al ver que la Policía lleva 6 días disparando manifestantes sin evitar los lentes de las cámaras. Pero es comprensible: Uribe los invitó por Twitter a hacerlo.
Injustificable: tras pedir información pública al Ejército, fuimos blanco de 'inteligencia'. Esta es una editorial que representa la opinión de todos y todas las periodistas de Rutas del Conflicto.
El COVID19 o coronavirus es uno de los desafíos más difíciles que ha atravesado la humanidad en los últimos tiempos. Su capacidad de contagiar a millones de personas y de viajar por el mundo ha puesto a temblar la economía mundial, desnudado la fragilidad social y política de la globalización neoliberal y rescatado del ostracismo al Estado como organismo regulador y garante de los servicios esenciales para la supervivencia de los seres humanos.